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Confirman la prisión preventiva a un organizador de transporte de drogas

La Cámara Federal de Salta, Sala I rechazó el pedido de la defensa de Jorge Adalid Granier Ruiz, y confirmó su prisión preventiva por ser organizador de transporte de estupefaciente, agravado por la cantidad de participantes. Confirmando así, la investigación del juez Julio Leonardo Bavio.

El fallo, que se conoció la semana pasada, lleva la firma de los jueces de Cámara Santiago FrenchLuis Renato Rabbi BaldiErnesto Solá Espeche y Martín Gómez Diez, secretario de Cámara.

La defensa de Granier Ruiz había apelado el procesamiento que se dio a conocer en noviembre último. De esta forma también se avaló la investigación que llevó adelante el juez Federal I Julio Leonardo Bavio.

Esto, de la mano de lo que señalaba la impugnación sobre si había realizdo una arbitraria e incorrecta valoración de la prueba agregando “a lo sumo se trata de un acto de provisión de estupefacientes no existiendo ningún elemento que lo vincule con su ulterior acondicionamiento, distribución, comercialización o algún otro movimiento de dinero de los integrantes de la organización”.

En la apelación también se objeta las escuchas telefónicas, las que el defensor del procesado no da por certeras.

Sin embargo, el fiscal General consideró que el recurso de la defensa, debía ser rechazado por que en el expediente los elementos probatorios abundan.

Relación probada

Así hace referencia, el funcionario, que está probada la relación de Granier Ruiz con Adelaida Castillo, con quien planificó y ejecutó la maniobra de transporte de 389 kilos de cocaína. Habiendo señalado que Fabian Pelozzo e Ignacio Quintana eran “sus muchachos”.

Por otra parte, de las escuchas también hace referencia que tenía un piloto de confianza, y donde se detallan los roles que cada uno de los ahora procesados, Castillo, Pellozo, Quintana, Rodrigo López, y Rocío Estela, tenían en la distribución de droga.

La investigación que llevó adelante Bavio se inició en marzo del 2019.

Esta red llevaba la droga que ingresaba desde Bolivia, tanto a Buenos Aires como a Rosario.

En este hecho, la PROCUNAR presentó también un dictamen explicando que, de acuerdo a la pesquisa que se llevaba adelante, se tenían serios indicios que Granier Ruiz, había sido el proveedor de la carga que se descubrió en Ramallo días antes, 389 kilos de cocaína.

También la fiscalía antidrogas destacó que Pelozzo investigado por la justicia de Rosario por comercialización de estupefacientes, colaboraría directamente con Granier Ruiz.

Agregando que serían los que se encargaban del transporte de droga a través de vuelos, y acopiando la droga en campos de poco uso.

También se sostiene que Pelozzo haría llegar la droga a Entre Ríos.

En los diálogos también se hace referencia a la pureza de la droga que ingresaba y distribuían, señalando que no les dijera que era sintética, porque por más que brillara, se trataba de mercadería que venía de Perú.

“Madrecita”

Siempre se refiere a Castillo con el apelativo de “madrecita”, con quien charlaba como si hicieran referencia a la venta de autos, y confirmando además las avionetas, y los vuelos que hacían.

La finca que era observada en Santa Fe pertenecía a un familiar de Castillo y se la conoce con el nombre de Finca de Ibarlucca.

También están comprobados los encuentros entre Castillo y Granier Ruiz, en jornadas previas a distintos vuelos. Inclusive uno realizado desde Paraguay recibiendo por esa actividad la suma de 320 mil dólares.

Asimismo, se verificó que cuando la droga ya estaba en el país, Pelozzo era junto a Granier Ruiz el encargado de ponerse de acuerdo en la modalidad de distribución, refiriéndose a Rosario por Rosa, tía Rosa, Rosadita o Rosalía.

Además, se encontró en Monte Maíz en Córdoba una pista clandestina.

La droga que comercializaba tenía una pureza del 93,29 por ciento.

Finalmente, en el fallo de la Cámara de Casación de 34 fojas, se demuestra que la situación que Granier Ruiz tenía frente a los hechos era privilegiado, donde se mostraba que tenía un dominio de la situación.

También contaba con contactos y a su vez con las personas a las que debía tocar para comercializar y distribuir la mercancía.

Se hace referencia a que los roles se estiman desde el punto de vista que existía una planificación.

Por todo esto la pena que podría caberle a Granier Ruiz por todos estos hechos, supera el límite previsto para hacer efectiva la apelación, de allí que se rechace.

Publicado en Nuevo Diario de Salta el 02/04/2024

Cayó domiciliaria de líder de templo umbanda condenada por trata

En línea con los argumentos del fiscal general Carlos Amad, de la Unidad Fiscal Salta, del Defensor de Víctimas, Nicolás Escandar, el juez federal de Revisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de aquella provincia, Luis Rabbi Baldi Cabanillas, confirmó lo decidido por su colega Santiago French y, así, revocó la domiciliaria dictada en favor de María Ester Arroyo, líder de un templo umbanda.

La mujer y su pareja, Juan Soria Villalba, fueron condenados por el Tribunal Oral Federal Número 2 salteño a las penas de 8 años y 2 meses y de 9 años de prisión, respectivamente, como coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por intimidación, por la vulnerabilidad de las víctimas, por haberse consumado la explotación y por ser ministros de un culto religioso, y por las lesiones leves que les infringieron a dos mujeres.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ratificó el fallo en septiembre pasado.

Pareja
Arroyo solicitó que se le concediera el beneficio para asistir a su pareja, quien padecía una afección intestinal que requería cirugía.

A pesar de la oposición de la Fiscalía y del Defensor de Víctimas, el juez federal de Ejecución y Sentencia Domingo Batule le otorgó excepcionalmente la domiciliaria planteando que no tenía en claro “la situación de Soria Villalba” ni sus “posibilidades de valerse por sí mismo”, al tiempo que solicitó información sobre su salud y “tiempos de recuperación” para definir, en su caso, en traslado de la penada a un centro carcelario.

Escandar impugnó y requirió que la encausada fuera trasladada a un establecimiento carcelario para cumplir su condena.

En su presentación, a la que adhirió el fiscal general Amad, el defensor indicó que la mujer no era el único familiar de Soria Villalba que podía ayudarlo, sino que con él también convivían una hija mayor de edad y su pareja.

Además, resaltó el reclamo expreso de una de las víctimas y precisó que comparece periódicamente ante la Defensoría para saber sí la mujer condenada fue trasladada a la cárcel.

El 20 de diciembre pasado, el juez French revocó la domiciliaria cuestionada, pero el abogado de la mujer insistió en que se concediera afirmando que su asistida era la persona idónea para cuidar a Soria Villalba.

El planteo fue analizado en una audiencia de revisión. Amad subrayó que la enfermedad del condenado no equivale a discapacidad, a la vez que demostró que otras personas podían asumir su asistencia.

También citó la gravedad del delito por el que fue condenada Arroyo y la obligación del Estado Nacional de que se cumplan las penas dictadas e impedir la sensación de impunidad, a la que definió como “claramente notable en la víctima”, quien está expectante a que se cumpla literalmente la sentencia dictada, que está firme.

Por su parte, Escandar descartó que Arroyo pueda ser beneficiada con la domiciliaria en función de la normativa vigente.

En ese contexto, el camarista Rabbi Baldi Cabanillas confirmó la revocatoria del beneficio y ordenó el traslado de la encartada a prisión.

“Pae y Mae”
La investigación se inició en febrero de 2021, a raíz de una denuncia que expuso que la pareja, cuyos integrantes se hacían llamar “Pae” y “Mae”, captaba a personas en estado de vulnerabilidad.

A través de actividades religiosas dirigidas a venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda, Arroyo y Soria Villalba explotaban a las víctimas en un “santuario” ubicado a pocas cuadras del casco céntrico de Salta capital.

De acuerdo a la acusación, apelaron a “fuertes actos intimidatorios” en los que invocaban el orden del culto para atemorizar a las víctimas. Según detalló, con ese método lograron que dos mujeres accedieran a prostituirse y entregarles entre el 40 y el 70 por ciento de las ganancias que obtenían.

Dijo también que Soria Villalba y Arroyo se apropiaron del vehículo de una de las damnificadas y que tenían proyectado comprar el inmueble del templo con el dinero que les proveerían las víctimas, lo que finalmente sucedió, tal como se probó en el debate. Por otra parte, subrayó que no se conformaron con quebrar la voluntad de las mujeres, sino que las “exprimieron” al máximo, pues también las tenían bajo vigilancia constante e, incluso, promovieron que una de ellas fuera explotada sexualmente en provincias vecinas y en Bolivia.

Publicado en Comercio y Justicia el 15/01/2024

Revocan la prisión domiciliaria a una líder Umbanda condenada en Salta por trata de personas

Así lo dispuso un juez federal de Salta respecto de María Ester Arroyo, jefa del templo ‘’umbanda’’. Además, ordenó que la mujer fuera trasladada a un establecimiento carcelario para cumplir la pena.

El juez federal de Revisión de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, confirmó la resolución para revocar la prisión domiciliaria dictada en favor de la líder de un templo umbanda, María Ester Arroyo.

La mujer y su pareja, Juan Soria Villalba, habían sido condenados a las penas de 8 años y 2 meses, y de 9 años de prisión, respectivamente, como coautores delito de trata de personas con fines de explotación sexual agravada por intimidación, por la vulnerabilidad de las víctimas, por haberse consumado la explotación y por ser los imputados ministros de un culto religioso, y por las lesiones leves perpetradas a dos víctimas.

Oportunamente, Arroyo solicitó que se le concediera la prisión domiciliaria para asistir a su pareja, quien padecía una afección intestinal que requería cirugía. A pesar de la oposición del Ministerio Público y del Defensor de Víctimas, el juez federal de Ejecución y Sentencia Domingo Batule, le otorgó excepcionalmente el beneficio, bajo el argumento de “no tener en claro la situación de Soria Villalba y las posibilidades de valerse por sí mismo”, al tiempo que solicitó “información a los fines de saber cuándo efectivamente se tiene que operar y los tiempos de recuperación”, a partir de lo cual quedaría establecida, entonces, la fecha de alojamiento Arroyo en el Servicio Penitenciario Federal.

En este contexto, Escandar impugnó la decisión y requirió que se revocara el arresto domiciliario de la líder del templo umbanda y que fuera trasladada a un establecimiento carcelario para cumplir su condena. En su presentación, el Defensor de Víctimas indicó que la mujer no era el único familiar de Soria Villalba que podía asistirlo, sino que con él también convivían una hija mayor de edad y su pareja, que podían cuidarlo.

Además, resaltó el reclamo expreso de una de las víctimas, quien se presenta periódicamente ante la Defensoría para saber sí la mujer condenada ya fue trasladada a la cárcel.

El caso

La investigación contra Arroyo y Soria se inició, en febrero de 2021, a raíz de una denuncia que daba cuenta que la pareja, cuyos integrantes se hacían llamar “Pae” y “Mae”, captaba a personas en estado de vulnerabilidad. A través de actividades religiosas dirigidas venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda, la pareja explotaba a sus víctimas, en un santuario ubicado en la calle 16 de septiembre 338, en Villa San Antonio, a pocas cuadras del casco céntrico de la capital provincial. En la investigación

De acuerdo a la acusación formulada por el fiscal general Eduardo Villalba, la pareja acusada apelaba a fuertes actos intimidatorios, en los que invocaba el orden del culto para atemorizar a las víctimas.

Así, lograron que dos mujeres accedieran a prostituirse y entregarles entre el 40 y el 70 por ciento de las ganancias que obtenían por la actividad. También, Soria Villalba y Arroyo se apropiaron del vehículo de una de las víctimas, y tenían proyectado comprar el inmueble del templo con el dinero que ellas les proveerían, lo que finalmente sucedió, tal como se probó en el debate.

Por otra parte, el fiscal general Villalba había indicado que la pareja no sé conformó con quebrar la voluntad de las víctimas, sino que las “exprimieron” al máximo, pues también las tenían bajo vigilancia constante e, incluso, promovieron que una de ellas fuera explotada sexualmente en provincias vecinas y también en Bolivia. Además, consideró que al ser “un caso con una alta complejidad en materia de investigación, en la cual la víctima es primordial y se debe cuidar mucho su situación”, se contó con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

Publicado en FM89.9 el 14/01/2024

Presentación del libro «Interculturalismo y derechos humanos. Una perspectiva desde la experiencia latinoamericana» (proyecto UBACyT)

Martes 31 de octubre de 2023 de 19 a 20 h en el Salón Verde de la Facultad de Derecho, Av. Figueroa Alcorta 2263, CABA

Expositor:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas (coordinador)

Presenta:

  • Ricardo Rabinovich (Prof. Titular de Historia del Derecho, Director del Departamento de Ciencias Sociales)

También expondrán, por espacio de 5 minutos, los restantes integrantes de la investigación: Paula Alvarado; Juan B. Libano; Eduardo Magoja y Juan Politi

Organizan:

  • Cátedra de Teoría General y Filosofía del Derecho a cargo del Dr. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas

Auspician:

  • Departamento de Filosofía del Derecho
  • Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

Acceso: libre y gratuito.

Renovación de equipos informáticos en Salta y Jujuy | Consejo de la Magistratura

El Consejo de la Magistratura de la Nación renovó completamente el parque de equipos informáticos de la Cámara Federal de Salta, saldándose así una longeva deuda con esa jurisdicción.
En el marco del plan estratégico de fortalecimiento y dotación de materiales técnicos de cada juzgado del interior comandado por la Dirección General de Tecnología, sus autoridades, Hernán Rondinella y Laura Tocco, viajaron a esa provincia para mantener una reunión institucional con el presidente y vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, los dres. Alejandro Castellanos y Renato Rabbi Baldi Cabanillas, respectivamente; el juez del Juzgado Federal N° 1 de Jujuy, dr. Esteban Hansen; y con el juez del Juzgado Federal N°2 de Jujuy, dr. Diego Matteucci de esa ciudad.

También en mayo del corriente año este Consejo inauguró un Salón Multimedia 4K en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la ciudad de Salta, que cuenta con televisores de grandes dimensiones, monitores y micrófonos en el estrado, un sinnúmero de cámaras de video y un nuevo equipo de audio, lo que permitirá efectuar audiencias virtuales y videoconferencias que podrán ser grabadas y/o transmitidas por streaming. Progresivamente, se cumplen con las demandas de infraestructura que transmitieron magistrados y magistradas de distintos distritos a las autoridades del Consejo de la Magistratura.

Publicado en el Consejo de la Magistratura el 11/09/2023

Presentación del libro “Enseñanza universitaria del Derecho por el método de casos” de autoría de Renato Rabbi-Baldi Cabanillas; Carla Antonella Lettier y Patricia Calpanchay Suárez

Jueves 31 de agosto de 2023, Universidad Católica de Salta

Presentación a cargo del profesor Walter N. Bühler.

Juró la jueza federal subrogante de Tartagal

Ivana Soledad Hernández reemplazará a Carlos Frugoni.

La ceremonia en Ciudad Judicial de Tartagal.

El presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, la vicepresidenta Dra. Mariana Inés Catalano y el vocal Dr. Santiago French, tomaron juramento de Ley a Ivana Soledad Hernández como jueza subrogante en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de Tartagal. La ceremonia se realizó el lunes en horas de la mañana en el Salón de la Escuela de la Magistratura, sito en el edificio del Poder Judicial de la Provincia de Salta en Tartagal, donde asistieron Funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, la Secretaria de Relaciones Institucionales representando a la Municipalidad de Tartagal, autoridades de las distintas Fuerzas de Seguridad Nacional y Provincial, Aduana entre otros invitados.

El nombramiento de la jueza subrogante se dispuso por acordada 18/22 de ese Tribunal por la vacante producida a raíz del fallecimiento de Carlos Alberto Frugoni, vacante que debía ser cubierta con un magistrado titular designado por el Poder Ejecutivo Nacional y con acuerdo del Senado de la Nación de acuerdo a lo establecido en la Ley 27.439.

Por otro lado la comisión de Acuerdos del Senado aprobó ayer una docena de nombramientos de defensores, fiscales y jueces propuestos por el gobierno nacional para distintos tribunales del país, en una audiencia que pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para el análisis de otros 21 pliegos.

La lista se abrió con los pliegos de Alfonsina Bava y de Agustín Carrique, como candidatos a defensores públicos de Hurlingham y de Lomas de Zamora y Luis Valencia de Tartagal, Salta.

Publicado en El Tribuno de Salta el 7/9/2022

Güemes, soldado y estadista de la Nación

La obra de Atilio Cornejo demuestra que la guerra de recursos fue una estrategia militar, defensiva, encolumnada a la campaña libertadora del general San Martín y que el héroe gaucho defendía a raja cincha la unidad nacional.

La Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, en la sesión privada del pasado 10 de noviembre, rindió homenaje al general don Martín Miguel de Güemes con motivo del bicentenario de su muerte. Juzgué pertinente recordar ciertos rasgos de la personalidad del héroe a partir de los estudios realizados por el primer salteño en integrar esa institución, el eminente jurista e historiador -también miembro de la Academia Nacional de la Historia-, Atilio Cornejo. 

Y esa pertinencia se justifica aún más porque a lo largo de su extensa trayectoria y prolífica producción científica, uno de sus objetivos centrales fue el dar a conocer la trascendencia de la obra de Güemes para la independencia nacional y, en ese trance, liberarlo de ciertas interpretaciones descontextualizadas (y hasta incorrectas) acerca de su compleja peripecia. De ahí que si hoy ya no se discute su reconocimiento como héroe nacional (instituido por ley 26.125 en 2006), no es inapropiado concluir que en ello mucho tienen que ver los desvelos de quien luego donara a la provincia de Salta su invalorable biblioteca personal.

Dicho esfuerzo se aprecia en el prólogo de su Historia de Güemes, de 1945, reeditada por la Agrupación Tradicionalista Gauchos de Güemes con motivo del sesquicentenario de la muerte del general, en 1971: “Difícil tarea la de perpetuar las hazañas de Güemes quien, en tan corta vida y en un estrecho escenario, pudo realizar obra tan grande y de proyecciones nacionales”. Antes y después de este trabajo Atilio Cornejo dedicó muchos de sus afanes a esta empresa que incluye la creación por decreto provincial 5.042 de 1972, del Instituto Güemesiano al que presidió durante varios períodos y cuyo Boletín contribuyó en ese propósito. 

En lo que sigue, sirviéndome de esas investigaciones, resaltaré tres notas de la personalidad de Güemes: su preocupación por disponer de un ejército profesional; su anhelo por mantener la integridad territorial y su respecto por la ley.

Celo militar 

El primer tópico procura neutralizar la asociación del general José María Paz, continuada por Bartolomé Mitre (bien que luego matizadas), de Güemes como un “caudillo demagogo” dirigiendo a gauchos indisciplinados. 

Cornejo reacciona: el general no fue un “simple comandante de milicias pues empezó a actuar como cadete de un regimiento organizado” estando “siempre al lado de jefes superiores (…) siendo sus galones adquiridos uno a uno por resolución del gobierno central. Tampoco llegó a actuar en la guerra civil, pues murió en 1821 herido por balas realistas, y sus campañas se dirigieron siempre contra el ejército español”. Y a ese respecto, su preocupación por munirse de cuadros profesionales se advierte del diálogo con el capitán inglés J. Anthony King, en 1820 a quien le ofrece integrarse a su tropa.

Este, en sus memorias, relata que Güemes le manifiesta “tengo ahora a mi servicio un valiente oficial francés, quien ha servido con Napoleón Bonaparte” [se refiere a Jorge Enrique Vidt] (…) y he arreglado para que, si usted así lo desea, tome una compañía a su mando. ¿Qué me dice usted?”. El capitán declinó la oferta por “haber dado su palabra de honor al servicio del Alto Perú”. Cornejo glosa: “De dicho diálogo encontramos no solamente un gran carácter, sino también (…) su preocupación por la organización técnica de su Ejército, al contratar oficiales extranjeros, (…) lo que destruye los conceptos que hacen aparecer a Güemes como un personaje entregado a su propia voluntad y capricho, y ajeno a toda visión superior”. A su vez, respecto de la consideración del fenómeno de los gauchos, nuestro historiador cita el testimonio del general español García Camba: “Güemes era tenido por eximio gaucho, es decir, gran jinete”, caracterizando a aquellos como “individualmente valientes, tan diestros a caballo que igualan, sino exceden, a los célebres mamelucos y los famosos cosacos”. Se trataba, añade, de hombres “del campo, bien montados y armados todos a machete o sable, fusil o rifle (…) acercándose a las tropas con tal confianza (…) que admiraban a los militares europeos…”.

Como anticipé, los juicios de Paz y Mitre no son lineales. El primero reconoce en Güemes “al patriota sincero y decidido por la independencia (…) El despreció las seductoras ofertas de los generales realistas [Cornejo alude a una de Olañeta, enérgicamente rechazada por el general], hizo una guerra porfiada y al fin tuvo la gloria de morir por la causa de su elección que era la de la América entera”. Y el segundo expresa que “su gloria consiste en que jamás desesperó de la suerte de la revolución; que en los más tristes días (…) el combatía solo al frente de sus valientes gauchos en la frontera, paralizando las operaciones de ejércitos poderosos…”.

La integridad nacional 

En relación con este tema, es de interés mencionar que Mitre, en sus Estudios históricos sobre la revolución argentina incorpora las categóricas reflexiones de Dalmacio Vélez Sársfield, para quien Güemes “fue el salvador de la Patria y la única esperanza de los pueblos, después de perdido nuestro ejército en las inmediaciones de Cochabamba”. Y, en idéntico sentido, Vicente Fidel López manifiesta: “He aquí la gloriosa campaña de Salta. Si sus prestigios no igualan a los de la campaña de Chile ella tiene un mérito grande” pues “ninguna otra en las guerras de Sud América puede rivalizar con ella con éxito ni como campaña defensiva, estratégicamente hablando”.

Hacia un estado constitucional 

El señalado prejuicio acerca de la organización militar se extiende al ámbito legal e institucional. El siempre notable Sarmiento, en su Facundo dice que éste hizo “lo que habían intentado Güemes y Aráoz en el Norte: destruir todo derecho para hacer valer el suyo propio”. 

Por el contrario, el resguardo de la institucionalidad es enfatizado por Atilio Cornejo de múltiples modos. Destaco tres datos.

El primero es su asunción como gobernador, el 6/5/15, consecuencia de la reunión del Cabildo local y para nuestro autor “contrariamente a lo que algunos suponen, no se trataba de ninguna usurpación sino de un acto de carácter democrático y legal”, añadiendo que “nada significaba que el nombramiento de gobernadores de provincia emanase de la primera autoridad nacional residente en Buenos Aires, pues 1) la elección se hizo con carácter provisorio; 2) el gobernador provisorio no fue nombrado por autoridad nacional, sino por Rondeau, jefe del Ejército; 3) la autoridad nacional no existía, pues Alvear fue depuesto el 10 de abril de 1815…”.

Lo segundo se advierte en la calidad moral; cívica y jurídica de sus asesores. Destaco al “Dr. Manuel Antonio de Castro, fundador de la Academia de Jurisprudencia de Buenos Aires”, antecedente de la Universidad de Buenos Aires, a quien Güemes lo distinguía como “amadísimo Maestro y amigo” y en cuya memoria la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por Acordada 18 de 2011, instituyó con su nombre a la biblioteca del tribunal. Además, añade Cornejo, “fueron sus asesores abogados distinguidos” como los Drs. Pedro Antonio Arias Velázquez; Mariano Boedo; Francisco Claudio Castro y José Ignacio de Gorriti, a los que cabe añadir los “emigrados altoperuanos: el Dr. Juan de la Cruz Monge y Ortega, uno de los cabecillas revolucionarios de La Paz en 1809”.

Lo tercero es su preocupación por la organización jurídico constitucional del país. Por de pronto, es de interés apuntar el dictado de la Constitución provincial, obra de Facundo de Zuviría, sancionada el 9 de agosto de 1821. No se le escapa a Cornejo que Zuviría estaba enemistado con Güemes pero en una misiva de su hijo Julio a Mitre, del 1 de septiembre de 1854, le manifiesta que su padre “le dará la biografía de Güemes” pues “este personaje y sus hechos (…) no son muy conocidos”, creyéndose “exclusivo para darlos pues ya no existe otra persona capaz de hacerlo con exactitud e imparcialidad histórica”, pero que “por desgracia, su traída al Litoral le ha privado de prestar éste y otros útiles servicios a su patria”. Cornejo y ciertamente todos- lamentamos que ese deseo no se hubiera refrendado pues, entre otras cosas, bien pudo haber develado la influencia o el interés de Güemes en el mentado texto constitucional de la provincia.

Asimismo, su celo por la vertebración institucional de la naciente República es clara. Menciono, de un lado, que cuando se hizo preciso trasladar el Congreso General en Tucumán a fines de 1816, Güemes no puso obstáculo siendo “elocuente” su oficio al director supremo: “No hay recelo de que por parte de esta Provincia se haga la menor novedad, pues impuesto Yo de que así lo exigen las circunstancias, y el bien de la Patria, lo haré entender a (…) todos los ciudadanos”. Y, de otro, la convocatoria de la Sala Capitular el 5 de julio de 2020, a instancias de Güemes, a un Congreso general en Catamarca “en consideración a (…) que no anima otro espíritu al guerrero Pueblo de Salta, que el de tomar una parte activa en la salvación de la Patria: después que se ha visto frustrada la formación del Congreso en Córdoba y Santa Fe, y de que ha dado notorias pruebas del orden que la distinguió, concurriendo con sus diputados cuantas veces se le han pedido para la anhelada instalación de una autoridad central. Ella es en el todo de su aspiración en obsequio de la causa pública”.

Cierre 

Acaso una reflexión de Ricardo Rojas subsuma un pertinente reconocimiento a las dos figuras aquí glosadas: “Los documentos existentes en el Archivo de Jujuy -refiere el primero- muestran a Güemes como un (…) guerrero previsor, caudillo hábil, patriota laborioso, gobernante en ocasiones autoritario por necesidad pero no pocas veces persuasivo y conciliador (…) ninguno justifica las injurias que los enemigos contemporáneos le dirigieron….” por lo que sería “conveniente de que tal como yo he recogido esa cosecha (…) se realice idéntico trabajo en el de Salta y en otros de Buenos Aires a fin de formar y editar un corpus güemesiano completo, con todos los papeles que el discutido prócer dejó con su firma o que a él se refieren”. 

Atilio Cornejo recogió el convite, para honor tanto de la Academia que integró, como de la figura de Güemes, a la que contribuyó a ubicar en el pedestal nacional de sus grandes hijos.

Publicado en El Tribuno de Salta el 4/12/2021

El STJ recibió a participantes de las XXXV Jornadas Nacionales de Filosofía del Derecho

Las máximas autoridades del Poder Judicial fueron los anfitriones de catedráticos y organizadores de las XXXV Jornadas Nacionales de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho (AAFD,), a quienes agasajaron con un almuerzo en el Salón de Usos Múltiples del Palacio de Tribunales.

Los Dres. Federico López Alzogaray, Ana Rosa Rodríguez y Eduardo Llugdar, presidente y vicepresidentes primero y segundo del Superior Tribunal de Justicia, respectivamente, recibieron a autoridades de la AAFD, Dres. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas y Diego Duquelsky Gómez.

También participaron el defensor general, Dr. Enrique Billaud y el diputado nacional, Dr. Ricardo Daives; la decana y vice de la Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y Sociales de la Ucse, abogadas Liliana Abdala y Gabriel Avila.

En tanto, entre los visitantes estuvieron la Dra. Paula Hunziker, Sofía Aguilar; Elina Ibarra; Diego Luna y María Torrens, entre otros.

Por otra parte, en la mañana de ayer y en el Auditorio de la Universidad Católica de Santiago del Estero, los Dres. Rodríguez y Llugdar asistieron a la ceremonia de apertura del evento, que fue declarado de interés judicial por parte de la Sala de Superintendencia.

En la ocasión, las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de al Ucse, Ing. Luis Lucena, a quien le sucedieron en el uso de la palabra la Dra. O´Mill, ministra de Justicia y Derechos Humanos y el Dr. Rabi-Baldi Cabanillas.

Las Jornadas continuarán hoy, tanto de manera presencial como virtual. Este año, el eje temático se vincula con los «75 años de los Juicios de Nüremberg. Castigo y Teorías», que contará con las disertaciones de especialistas de diferentes países.

Dignity, Diversity, Anarchy

Proceedings of the Special Workshops “Human Dignity in Europe” and “The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority” held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019

The contributions in this volume add innovative insights to the debate on domination, power, dignity and the future of society. Problems of heteronomy are fundamental to the anarchist critique of the principle of domination and at the same time central for the discussion of the concept of human dignity. The debates on dignity and diversity and on anarchist perspectives of domination-free organisation are particularly relevant in view of the softening of traditional power structures and the emergence of new ones, especially in the age of globalisation on the one hand and the resurgence of nationalist concepts on the other hand.

THE EDITORS

Klaus Mathis is full professor of Public Law, Law of the Sustainable Economy, and Philosophy of Law at the University of Lucerne. He is the co-founder of the Center for Law and Sustainability (CLS) and Director for the Institute for Research in the Fundaments of Law – lucernaiuris. His particular fields of expertise are Swiss Constitutional Law, Law and Economics, Law of Sustainable Development, and Philosophy of Law.

Luca Langensand is PhD Student at the Faculty of Law at the University of Lucerne. In his doctoral thesis he investigates the relation between anarchy, anarchism and law. His research interests are Legal Philosophy and Legal Anthropology.

CONTRIBUTORS

Paolo Becchi, Damir Banovic, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Marcos Augusto Maliska, Antonio Pele, Maurice Schuhmann, Klaus Mathis, Anna Budzanowska & Tomasz Pietrzykowski, James Humphries, Aleksander Milosz Zielinski, Peter Seyferth, Luca Langensand, Wanshu Cong, Clelia Bartoli, Juan Carlos Riofrio & Ricardo Lopez, David Dürr

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Presentación del libro: Teoría del Derecho. 6ta edición

Jueves 27 de mayo de 2021 a las 19 h, por Zoom.

Autor:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
    Profesor Titular Regular de Teoría General y Filosofía del Derecho

Presentan:

  • María Gabriela Scataglini
    Docente de la Facultad de Derecho (UBA)
  • Diego Luna
    Docente de la Facultad de Derecho (UBA)
  • María Claudia Torrens
    Docente de la Facultad de Derecho (UNR)

Organiza: Asociación Argentina de Filosofía del Derecho

Auspicia: Departamento de Filosofía del Derecho

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 821 5174 1083
Código de acceso: 444657

Más información: info@aafder.org

Publicado en la UBA el 27/05/2021

Le rechazan el sobreseimiento a dos jóvenes que violaron la cuarentena

Ambas personas no cumplieron con el aislamiento obligatorio en mayo tras ser repatriados. La Cámara Federal rechazó además la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que reprime la violación de las medidas sanitarias, planteada por la defensa pública.

Repatriados llegan a la zona del expeaje Aunor, en la ciudad de Salta. Imagen Ilustrativa. FOTO: JAVIER CORBALÁN

En una audiencia de impugnación, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, en su rol de jueces revisores, rechazaron un planteo de inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal (el cual reprime la violación de medidas tendientes a evitar la introducción y propagación de una epidemia), interpuesto previamente por la Defensa Pública en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal contra dos jóvenes por desobediencia sanitaria.

El rechazo del planteo fue instado por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, cuya posición en la discusión jurídica fue resaltada por los jueces Santiago French y los vocales Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quienes también rechazaron el sobreseimiento planteado en favor de los acusados, Lucas Frisioni y Santiago Rovaletti.

La audiencia, celebrada el 17 de diciembre pasado, tuvo una extensión de casi dos horas, con argumentos destacados entre las partes, como también por parte del tribunal revisor, que incluso intentó avanzar y dirigir el proceso hacia una solución del conflicto. Sin embargo y tras las objeciones advertidas por la fiscalía respecto de la legalidad, repercusión y efectos de tal accionar, lo cual fue secundado por la defensa, el tribunal retomó su función de revisión.

El caso provino de la justicia provincial por incompetencia y data del 24 de mayo pasado cuando, en un proceso de repatriación, la provincia acordó con Frisioni su permanencia en aislamiento (cuarentena) en un hospedaje ubicado en la localidad de San Lorenzo.

Iniciada esta medida sanitaria, a costa del Estado, Frisioni, procedente de Buenos Aires, habría incurrido en varios incumplimientos de la cápsula de sanidad, lo que llevó al propietario del hospedaje a denunciar tal situación ante la policía. Ello derivó en una actuación por parte de la fiscalía provincial de la jurisdicción por desobediencia sanitaria.

Esa decisión llevó al traslado de Frisioni a otro hospedaje en la misma localidad, cuyo costo quedó a cargo de su familia. Pese a ello, las violaciones al aislamiento habría proseguido e incluyeron a Rovaletti, quien también había sido confinado por haber tenido contacto con el infractor. De tal forma, este último también fue sometido a la acción penal por la misma causa.

Al mes siguiente, en tanto, la fiscalía derivó las actuaciones a la Unidad Fiscal Salta, las cuales quedaron a cargo del Área de Casos Complejos. 

Toranzos instruyó que se realicen las tratativas para arribar a una solución de conflicto por medio de alguna salida alternativa, en función de lo establecido en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal.

En este punto, Toranzos sostuvo en sus argumentos que, al iniciar este camino, los jóvenes entendieron que no había daño que reparar por cuanto no les cabía ninguna responsabilidad por lo sucedido, por lo que luego de insistir en que designaran abogado defensor, lo cual tampoco fue cumplido por Frisioni y Rovaletti, se impuso defensor oficial.

Agregó que, frustrada la posibilidad de arribar a una solución de conflicto, y ya en las puertas de la formalización penal, la defensa buscó arribar a una conciliación y ofreció un acuerdo consistente solamente en la realización de tareas comunitarios por el término de ocho horas, dos horas semanales por un mes, cuando el promedio general de trabajo en estos casos se extiende por un año.

Rechazada esta propuesta, el caso llegó a una audiencia de formalización ante la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez. En ese contexto, el defensor oficial, Nicolás Escandar, planteó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 205 y consecuentemente el sobreseimiento de los dos jóvenes. El intento fue rechazado por la magistrada y suscitó, con ello, la impugnación.

Toranzos rechazó que el hecho tenga carácter de irrelevante, ya que -sostuvo- el comportamiento de los acusados puso en riesgo concreto al bien jurídico protegido, la salud pública. Asimismo, dijo que tampoco “hubo un comportamiento, persecución ni una acción parcializada respecto de los causantes, sino que hubo una adecuación concreta de su conducta a un orden de relieve del derecho penal”.

Por todo esto, el fiscal solicitó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la norma penal cuestionada, el artículo 205 del Código Penal, como también el sobreseimiento requerido por aplicación del agravio de insignificancia y violación del principio de igualdad, postura que finalmente primó.

Publicado en El Tribuno de Salta el 20/01/2021

La Justicia dispuso acciones reparadoras en un monte tras la tala ilegal

Arroyo Las Tortugas en Pizarro 

En la Reserva Pizarro, sienta un precedente para Parques Nacionales

La resolución de la Justicia Federal salteña fue ante la denuncia que se radicó en diciembre de 2019 tras detectar un cargamento de quebracho colorado y blanco que salían desde la Reserva ubicada en Anta, a 246 kilómetros de Salta Capital.

Dos productores del sur de la provincia deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, entre otras medidas. Así lo resolvió el juez federal de Garantías, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, en el marco de la causa iniciada por una denuncia que realizó la Administración de Parques Nacionales (APN), en diciembre de 2019.

En aquel momento se detectaron dos cargamentos de árboles talados sobre camiones, que, luego se pudo conocer, habían sido comprados por Carlos Mateo y Francisco Barbero. Ambos quedaron imputados por el delito de encubrimiento, dado que si bien no fueron quienes talaron los árboles, compraron la madera a sabiendas de que venía de la Reserva.

En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek. La acusación se formalizó como encubrimiento por ánimo de lucro. En una acción conjunta entre la querella (a cargo de APN) y la defensa, se llegó a un acuerdo. Si se incumple, la causa se reactivará y los acusados deberán volver a comparecer ante el juzgado.

La coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de APN, Natalia Cardozo, explicó a Salta/12 que las acciones a desarrollar por ambos imputados apuntan a concientizar sobre la prohibición de la tala en la zona. Esto implicará que por un año y medio Barbero y Mateo deberán colocar carteles de 1 metro 40 centímetros de alto por 1 metro 20 centímetros de ancho con leyendas cuyo contenido será decidido por la APN. Los carteles, que se deberán establecer en el primer mes que transcurra desde el cumplimiento de la sentencia, deberán ubicarse en las cercanías de la Reserva natural nacional.

Además, deberán pagar publicidades de un minuto que concienticen sobre la prohibición de la tala. Será el equivalente a siete pases diarios en un lapso de dos meses en una radio local con llegada a la Reserva y poblaciones aledañas. También deberán plantar ejemplares de lapacho y quebracho por un valor de 30 mil pesos, lo que, segun estimó Cardozo, alcanzará para 100 ejemplares. “Estamos viendo de encontrar el mejor lugar posible y los mejores ejemplares”, dijo la abogada de la APN. Los imputados deberán además pagar la suma de 15 mil pesos en calidad de resarcimiento a APN por los daños causados.

Cardozo explicó que la intención en este tipo de causas es encontrar alternativas a las disposiciones del sistema penal que permitan la restauración del ambiente afectado.

A ello agregó la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que adhirió el país y que en su punto 4 indica la necesidad de cumplir con la educación ambiental.

“Es la primera vez que resolvemos de esta manera con material de concientización para cumplir con la Ley general del Ambiente”, y reestablecer la situación a lo que estaba originalmente, antes de producirse el daño. “Por eso es un precedente nuevo”, añadió la funcionaria.

Una de las posibilidades es que la tala la hayan efectuado quienes viven cerca o dentro de la Reserva, donde se encuentra la comunidad wichi Eben Ezer. A fines de los 90 los originarios llegaron a la zona a trabajar en algunas fincas y quienes los contrataron nunca los llevaron de nuevo a su comunidad de origen: El Traslado, ubicada en el departamento San Martín. 

Empezaron entonces a ocupar parte de los ex lotes fiscales 32 y 33. En 2005 el salvataje de estas tierras vino de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, quien recompró una extensión que el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero había decidido vender a productores de agroganadería. Ya en 2014 las tierras fueron formalizadas como una Reserva Natural Nacional.

El director regional NOA de la APN, Facundo Bertolami, afirmó que es política de la entidad nacional el atender la situación de vulnerabilidad social de esta comunidad. Pero sostuvo que se debe definir cómo, y esto solamente podrá ser una vez que se decida de manera colectiva, con el involucramiento de la comunidad originaria.

La resolución judicial

El juez Rabbi Baldi explicó que, en caso de incumplimiento por parte de los productores, la acción penal podría reactivarse. Aunque no provocaron el daño de manera directa, la fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores en la recepción de los ejemplares extraídos de un sector prohibido de la Reserva Nacional Pizarro, que posee 7.876 hectáreas de flora y fauna protegida.

En este caso, y según lo establecido por la fiscalía en la audiencia de formalización, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la reserva, donde está asentada la Comunidad wichí Eben Ezer, que tiene un contrato de comodato con Parques Nacionales para ocupar una determinada área y desarrollar tareas autosustentables.

Pese a que un sector se hallaba demarcado, la extracción los ejemplares se realizó en una zona prohibida, en donde no puede ingresar la comunidad wichí y mucho menos los acusados, puesto que la prohibición se dispuso para la protección de más de 300 especies de árboles existentes allí, entre ellas las variedades de quebracho, itín y yuchán (palo borracho).

Snopek resaltó la importancia del acuerdo arribado, puesto que se logrará reparar el daño ambiental causado. Entendió que los productores además podrán aportar a la concientización de la importancia de la Reserva natural de esa zona.

Publicado en Pagina12 el 26/12/2020

Derecho comunitario, tema en debate

En el marco del convenio celebrado entre la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta y la Universidad de San Isidro, dio inicio el pasado miércoles la primera conferencia del Ciclo de Derecho Comunitario Indígena, que resulta de particular interés para nuestra provincia. El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena a nuestro país a restituir, a comunidades indígenas salteñas, el derecho de propiedad comunitaria y los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural.

Como jueces y funcionarios del Poder Judicial de Salta, consideramos prioritario profundizar el análisis y, más aún, la comprensión empática de la riqueza y diversidad cultural de nuestras comunidades indígenas. Por ello, emprendimos la organización de este ciclo de conferencias convencidos de que no basta con el estudio de las normas internas y convenciones internacionales de derechos humanos sobre esta área, sino que es preciso ahondar en los aspectos sociológicos, filosóficos y psicológicos que se encuentran implicados en la construcción de estos derechos y, en particular, del derecho de propiedad comunitaria, que puede parecer hoy ajeno a nuestra tradición jurídica recibida del derecho continental europeo.

La primera conferencia tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre y estuvo a cargo del doctor Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, doctor en Filosofía Jurídica y especialista en Sociología de las Instituciones, quien abordó el tema: «Sujeto y subjetividades comparadas: ser o estar siendo alguien».

Luego de explicar la diferencia entre sujeto (concepto universal) y subjetividad (construcción y, por tanto, siempre variable), el expositor acudió a ejemplos tomados de la actualidad para describir la subjetividad del europeo occidental y compararla con la que es común a las filosofías andinas. Destacó que no puede negarse la vinculación entre el derecho y la política, y que la subjetividad de quienes actúan en política y en derecho incide directamente en la forma en que vamos construyendo política y derecho, y claro está, el derecho de propiedad, de allí la importancia de entender las diferentes concepciones de subjetividad. Mientras para el europeo existe un «yo» que es dueño de su cuerpo y de su vida, para la filosofía andina no se concibe un «yo» separado del cuerpo y de la vida porque no lo entiende como substancia sino como relación, relación con los demás, relación con la tierra que le provee el alimento. Cuando el europeo siente que es dueño de su cuerpo y de su vida, siente que preexiste a los demás y, entonces, no va a entender la vida en términos de comunidad sino de «societas» (yo soy, luego yo me asocio a los demás); la vida colectiva es el resultado de un pacto como concepto que se instala en la filosofía política europea a partir del siglos XVI con Hobbes, Rousseau y Locke. No es una comunidad, palabra que proviene del latín «munus» que significa cuidar, hacer algo con otro, en una relación en la que cada uno necesita del otro.

A partir de esos mismos autores nace la noción de propiedad privada y entra en crisis la de propiedad común que prevalecía en la Edad Media, y es precisamente Locke quien, en su «Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil» va a poner por escrito e introducir ese concepto de ser propietario de su cuerpo, del «derecho» a su cuerpo que, contrariamente a lo que podría pensarse, conducía en aquella época a sustentar el derecho a la esclavitud.

En la inteligencia de que el derecho de propiedad no es un derecho natural (en el sentido de natura y no de phisis), el autor concluye que de acuerdo con una concepción de libertad entendida en forma absoluta solamente puede concebirse la propiedad privada, no hay propiedad común; que cuando se adopta la igualdad como clave de bóveda, no hay propiedad; pero que para quienes piensan no desde la filosofía de la substancia sino desde la categoría de relación, la clave es la fraternidad, en la cual la libertad es un proceso y la igualdad es igualdad de oportunidades, reconociéndonos en las diferencias. Pero no alude a una fraternidad obligada o impuesta al estilo de Robespierre sino a una fraternidad querida y aceptada porque no podemos sentirnos completos si no es con el otro, la condición fraterna de quienes son o están siendo «en relación».

La próxima conferencia tuvo lugar el 18 de noviembre, bajo el título «La propiedad comunitaria indígena: aspectos normativos y filosófico jurídicos», y estará a cargo del doctor Renato Rabbi Baldi, enjundioso jurista y magistrado salteño, doctor en Filosofía del Derecho, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

La actividad finalizará el miércoles 25 de noviembre con la conferencia «La contemporaneidad de lo no contemporáneo en Nuestra Tierra», a cargo de la doctora Diana Braceras, doctora en Humanidades Médicas, psicoanalista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Vicepresidenta de la Fundación de Actividades Biosféricas.

Se trata de una actividad abierta a todo público y gratuita que se desarrolla de manera virtual.

* La autora preside la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, organizadora del Ciclo de conferencias sobre Derecho Comunitario Indígena

Publicado el 19/11/2020 en El Tribuno de Salta

Presentación de libro: Interpretación Jurídica. Teoría y práctica jurisprudencial

Lunes 5 de octubre de 2020 a las 18 h por Zoom.

Autor:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Prof. Titular, Teoría General y Filosofía del Derecho (UBA)

Presentan:

  • María A. Gelli
  • Roberto Gargarella
  • Enrique Zuleta Puceiro

Auspicia:

  • Asociación Argentina de Filosofía del Derecho
  • Departamento de Filosofía del Derecho (UBA)

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 927 6841 6658
Código de acceso: 482309

Publicado en la UBA