Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Curtiembres Arlei SA c/ AFIP s/amparo”, 22/05/23. Por unanimidad, se revoca parcialmente la decisión de primera instancia disponiendo, de un lado, que asiste razón a la actora en cuanto a que las solicitudes de reintegro de IVA por exportación por los períodos febrero y marzo de 2022 deben regirse por las condiciones y requisitos establecidos en la RG AFIP 2000/16 y su modificatoria RG AFIP 4927/21 absteniéndose la entidad fiscal, en consecuencia, de aplicar la RG 5173/22. Empero, de otro, no prospera la pretensión actoral de que se declare la inconstitucionalidad del art. 26 de la RG 5173/22, pues esta norma –que reforma el art. 23 de la RG 2000- no luce arbitraria en tanto, además de abarcar al conjunto de exportadores del país, procura evitar la realización de prácticas que impidan el ingreso y liquidación de divisas al mercado de cambios por parte los exportadores, sin que cancele el derecho al recupero del IVA por exportación, en tanto entrañauna limitación al procedimiento expeditivo de recupero previsto en la mentada resolución 2000, la que puede sortearse una vez subsanada las observaciones que formule el organismo fiscal.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “M., L. J. c/OSDE s/amparo”, 6/7/22 (resuelta por mayoría, cada magistrado por su voto y un voto en disidencia), acción de amparo en materia de salud. Se requiere el suministro de un fármaco destinado a la cura de la acondroplasia. Carácter del fármaco que se requiere. Reciente descubrimiento y único en su género para tratar dicha afección. Estadio de investigación fase III. El tema de la experimentación de fármacos en seres humanos. Autorización de comercialización en la Unión Europea y en Estados Unidos sujeto a “seguimiento adicional”. Situación en la República Argentina: si bien no se haya autorizado su registro y comercialización por la ANMAT; no integrando el Vademecum Nacional de Medicamentos y el Programa Médico Obligatorio; la señalada ANMAT lo incluyó en el Registro de Especialidades Medicinales (REM); permitió, de un lado, su fabricación en tanto el establecimiento encargado de ello “satisface los requisitos de las buenas prácticas de fabricación” y, de otro, su ingreso bajo el Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos (RAEM) en favor del reclamante. Reconocimiento de OSDE y Estado Nacional del éxito del fármaco en cuanto al aumento de la velocidad de crecimiento de niños de 5 a 18 años o hasta el cierre de las placas de crecimiento. Contraindicaciones no significativas. Normas internacionales y nacionales (constitucionales e infraconstitucionales) y jurisprudencia de la Corte Suprema sobre el tópico de la experimentación y sobre el hecho de estarse ante una persona con certificado de discapacidad y que posee una enfermedad poco frecuente. Conclusión de que, en el caso, el fármaco resguarda el deber ético de no tratar a las personas como “objetos”, sino como “sujeto de derecho” por lo que cabe excepcionar su no inclusión en el PMO (quid del principio de “progresividad” en los derechos médicos consecuencia de su dinámico desarrollo). Elevado costo del medicamento. Responsabilidad de las demandadas en tanto OSDE no puede dejar de prever posibles alteraciones económicas que generan las continuos avances científicos; y en tanto que el Estado Nacional si bien es responsable de la conducción general del esquema sanitario, quedando su ejecución en cabeza de las obras sociales y empresas de medicina prepaga, el deber concreto de prestación halla sustento en casos de marcada excepcionalidad como el presente. Rechazo de la citación de la provincia de Salta como tercero obligado. Responsabilidad solidaria, en partes iguales. Remisión a jurisprudencia del Alto Tribunal. Extensión de los principios de “solidaridad social” y “esfuerzo compartido” a los padres del menor, por razones de equidad y hasta un 2,5% respecto del aporte de cada parte, si en la ejecución de la manda surgen elementos que lo justifiquen.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Fenoglio de Palacios, Beatriz Leonor c/A.M.X. Argentina S. A. y otros s/amparo ambiental”, 30/5/22 (amparo colectivo que solicita cese de contaminación ambiental por parte de antenas de telefonía celular; declaración de ilegalidad de soportes de telefonía celular móvil y su pedido de remoción. Juez de primera instancia rechaza reclamo con sustento en el precedente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Telefónica Móviles Argentina” (Fallos: 342:1061); dispone aplicación del principio precautorio (ley 25.675) y formar una comisión integrada por las partes y la Provincia de Salta con el objeto de verificar estado de emisión actual de las antenas; realizar un análisis sobre los vecinos enfermos y fallecidos y elaborar un plan de sustitución del sistema o traslado de las antenas. En segunda instancia se resuelve: a) confirmar decisión anterior en cuanto rechazó la excepción de cosa juzgada de las demandadas y el requerimiento de la actora de declarar la ilegalidad de la instalación de las antenas con sustento en el alcance del referido precedente; b) hacer lugar parcialmente a los recursos de las demandadas y dejar sin efecto la señalada comisión; c) ordenar a las demandas a presentar la evaluación de impacto ambiental en los términos de la ley provincial 7070 y su decreto reglamentario 3097/00 respecto a los soportes de base y las antenas de telefonía móvil ubicadas en el ejido local y ordenar la intervención directa e inmediata del ENACOM. Para así decidir, como marco general, se efectuó un juicio de ponderación entre los derechos o principios invocados por las partes y que se hallarían en tensión, a saber: el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos, y a la protección medio ambiental, de un lado, consagrados en los arts. 33, 41 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, y del otro, el derecho a las comunicaciones de aquellos, al ejercicio del comercio en materia de telecomunicaciones y el principio de supremacía constitucional derivado de este último, plasmados en los arts. 31 y 75 inc. 13 de dicha norma. Sobre tales bases, se abordaron las siguientes cuestiones: la aplicabilidad y el alcance de la carga probatoria del principio precautorio en materia ambiental en cuestiones vinculadas al derecho a la salud; el alcance de la Resolución 202/95 del Ministerio de la Salud y normas posteriores sobre límites de la emisión de radiaciones electromagnéticas no ionizantes; el alegado reemplazo de las antenas por fibra óptica; el debate científico sobre los efectos que ocasionan los campos electromagnéticos en la salud humana y su concreta repercusión en las circunstancias de la causa; las competencias exclusivas del ENACOM en materia de comunicaciones, y la presentación de la Evaluación de Impacto Ambiental por las demandas en el marco de la facultades concurrentes entre Nación y provincias en materia ambiental.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Facor SRL c/Municipalidad de la ciudad de San Salvador de Jujuy s/acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”, 27/4/22 (tasas retributivas de servicios; inconstitucionalidad en razón de establecer alícuotas diferenciadas (más favorables) con sustento en el domicilio (local) del contribuyente, lo que perjudica a quien no se hallan en esa situación; no obstante, dicha declaratoria (por constituir la gabela, en los hechos, una “aduana interior” constitucionalmente vedada), no enerva al municipio el cobro de aquella (con sustento en otros derechos constitucionales que avalan las facultades impositivas locales), por lo que no habiéndose acreditado por la accionante hallarse en una situación diferente, procede el pago de acuerdo con la alícuota asignada a los contribuyentes con domicilio en la provincia (publicado en La Ley, Buenos Aires, diario del 26/5/22, pp. 6-7 con nota de Teo Begega Ciamichini, «Una correcta aplicación de la ‘cláusula del comercio’ en materia tributaria»).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Alaniz, Daniel H. c/ANSES s/reajustes varios, 10/8/21” (inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 27.426; deber de abonar la movilidad de conformidad con la ley 26.417; rechazo del pedido de inconstitucionalidad del art. 55 de la ley de emergencia 27.541; validez constitucional del decreto 542/20; deber de analizar las implicancias prácticas de tales disposiciones en correspondencia con los índices de movilidad dispuestos por los decretos del PEN para el año 2020; insuficiencia de tales baremos a la luz del aumento registrado en el índice de precios al consumidor nivel general, y en el índice del promedio de remuneración imponible promedio de los trabajadores (RIPTE); caso de los jubilados que efectuaron un mayor aporte contributivo; necesidad de no incurrir en el “achatamiento de la escala de prestaciones” (precedente CSJN “Badaro”); se considera que la solución que mejor consulta los derechos de la parte actora en el marco de la emergencia analizada, es la de reconocer que el índice de movilidad por el año 2020 correspondiente a la actualización de las distintas prestaciones que integran su beneficio jubilatorio no podrá ser inferior a las variaciones que registre el índice establecido por el tercer párrafo del art. 14 de la ley de alquileres 27.551).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “León, Javier José s/inc. Excarcelación”, 25/6/20 (Extradición. Imposibilidad de traslado por situación sanitaria de pandemia. Morigeración de prisión preventiva).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Soule, Humberto N. c/ Anses s/reajustes varios”, 2/6/2020 (Se establece el modo de cálculo de la Prestación Básica Universal –PBU- que junto con la PC y la PAP constituyen los tres componentes que integran el haber jubilatorio. Al respecto, se determina que dicho componente debe actualizarse de conformidad con lo dispuesto por el Alto Tribunal en el precedente “Ellif” (Fallos:332:1914) –índice ISBIC-. Asimismo, se determina por aplicación analógica de los resuelto por la Corte Suprema en el precedente “Actis Caporale” (Fallos: 323:4216) que toda quita que supere el 15% deviene confiscatoria, lo que solo puede determinarse una vez que se hayan actualizado los tres baremos del referido haber de acuerdo a los modos establecidos que, en el caso de la PBU, lo es conforme con el procedimiento determinado en la sentencia).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Salazar, Noelia M c/ANSES s/amparo”, 28/5/20 (Se tiene a la accionante –persona discapacitada con certificado que así lo acredita por padecer esclerosis múltiple de carácter progresivo e incurable con secuelas neurológicas moderadas a severas y vejiga neurogénica- como “hija soltera” en los términos del art. 53 inc. e de la ley 24.241 y, por tanto, con derecho a acceder a la pensión derivada del fallecimiento de su progenitor, puesto que no se acreditó en la causa la existencia de matrimonio como así tampoco que la convivencia que mantuviera la actora con el Sr. N.A E.-padre de su hija menor de edad- hubiera pervivido en el tiempo, resultando actual).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Detenidos complejo s/habeas corpus”, 7/5/20 (Habeas corpus a fin de que privados de libertad no desempeñen tareas laborales durante la pandemia y tengan derecho a percibir emolumentos. Quid de la legitimación. Rechazo. Fundamento del “aislamiento obligatorio”. Inaplicabilidad al caso. Alcance de la obligatoriedad de realizar tareas laborales en establecimientos penitenciarios).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Fernández, Juan José s/ incidente de prisión domiciliaria”, 6/3/2020 (arresto domiciliario; padre con hijos menores; art. 32, inciso “f” de la ley 24.660. interpretación extensiva al padre. Examen de cada caso en particular).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Fernández, Tamara Gisel s/ contrabando, art. 864, inc. d) – Código Aduanero”, 5/3/2020 (ley penal más benigna; contrabando; hojas de coca; discusión acerca de si las condiciones objetivas de punibilidad integran el tipo penal; interpretación Res. Gen. PGN 18/18, normas convencionales y cambio valorativo de la conducta punible por parte de la sociedad).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Ramos Conde, Adriana c/Dirección Nacional de Migraciones s/orden de retención”, 28/2/2020 (Se revoca la sentencia que había ordenado la expulsión de la actora –art. 61 ley 25871- por cuanto si bien ésta fue condenada a la pena de un año y un mes de prisión como autora responsable del delito de tenencia de estupefacientes, se considera necesario ponderar que, además de que en la condena penal se excluyó el dolo de tráfico, se trata de una persona de 62 años, analfabeta, con residencia en nuestro país desde hace 54 años y siete hijos nativos, uno de los cuales –con quien convive- padece una leve discapacidad mental, por lo que la resolución resulta excesivamente formal y carente de razonabilidad (arts. 28/33, Const. Nacional), principio general éste que actúa como límite de la discrecionalidad administrativa ante la existencia de “circunstancias justificantes” que corresponde a los tribunales merituar).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Quintana, Lara de los Angeles s/ infracción ley 23.737”, 14/2/2020 (excarcelación, incumplimiento del arresto domiciliario. Sobre la existencia de peligros procesales. Trastornos de personalidad de la imputada. Excepción al principio general).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Leavy, Sergio N. c/Google Inc. y otro s/medida autosatisfactiva”, 22/10/19 (empleo de plataformas virtuales; expresiones inequívocamente desdorosas; abuso del derecho; no derecho al insulto; alcance de la libertad de expresión y del derecho al honor y a la intimidad).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Obra Social de Ministros c/Poder Ejecutivo Nacional-Ministerio de Salud” 14/6/19 (acción de amparo; materia de salud; responsabilidad del Estado Nacional para afrontar enfermedades poco comunes; demanda de la Obra Social; fondo solidario de redistribución; debate sobre la posible índole de experimentación del medicamento).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Fenoglio de Palacios, Beatriz L. c/AMX Argentina SA y ot. s/amparo ambiental”, 6/6/19 (amparo ambiental; antenas en zona urbana; planteo de caducidad. Improcedencia. Carga probatoria de las partes).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Fernández Acosta, Sara y ot. s/contrabando art. 864, inc. “a”, Cód. Aduanero. Contrabando hojas de coca. Invalidez de la prohibición de su importación. Remisión al precedente «Coronel» de la Cámara Federal de Salta de 1995. Instrumentos internacionales en materia de estupefacientes y leyes nros. 17.818 y 23.737. Analogía con el caso «Estrin» (Fallos: 311:2540). Desproporción de la pena del art. 865 inc «g» del C.A. Prácticas de pueblos originarios y no originarios. Protección del art. 75 inc. 17 de la C.N. y 19 de la C.N. Inclusión de las hojas de coca como mercadería en los términos del art. 10 del C.A y 77 del CP.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Estado Nacional c/Espejo, Juan s/desalojo”, 8/11/18 (desalojo en vivienda en la que mora un menor discapaz).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, “Inc. Prisión domiciliaria R., S.”, 1/11/18 (progenitora afin no conviviente de un menor que vive con su madre biológica; alcance ley 24660 (art. 32); superior interés del niño; gravedad del delito reprochado).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Inc. Prisión domiciliaria, A., S.”, 31/10/18 (pérdida de jurisdicción del tribunal pues interin la causante fue condenada por juicio abreviado a cuatro años de prisión y pena de multa de 45 unidades fijas, quedando firme la primera desde que sólo se casó la última).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Mari, Rosa c/Anses”, 23/8/18 (medida cautelar. No retiro del ítem mensual que percibe la peticionante en concepto de reparación histórica).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Jenefes, Guillermo c/Google s/daños y perjuicios”, 16/4/18 (expresiones desdorosas; alcance de la libertad de expresión y del derecho al honor y a la intimidad; derechos constitucionales y convencionales en tensión).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Paz, Carolina s/inc. prisión domiciliaria”, 22/2/18, (concesión arresto domiciliario; madre con hijos menores, empleo pulsera electrónica y otras medidas).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Detenidos alojados en el Escuadrón n° 20 Orán-GNA s/hábeas corpus colectivo”, 5/1/18 (traslados de detenidos a unidades penitenciarias; exhortación al Servicio Penitenciario Federal de adoptar soluciones a corto plazo que permitan evitar la permanencia de detenidos en dependencias no penitenciarias, y al Ministerio Público Fiscal y de la Defensa para implementar protocolos de acción en orden a superar, de consuno con todos los actores involucrados en la materia, la actual crisis carcelaria.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa «Dávalos San Martín, Rodrigo«, 1/9/17 (acceso a la jubilación -recaudos reunidos al momento del cese o de la solicitud-; Jefes de Despacho de Primera del Poder Judicial de la Nación; interpretación precedentes y acordadas de las Corte Suprema y Resolución del Consejo de la Magistratura; leyes 24.018 y 24.241).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, en pleno, causa “Corrales, María del Carmen c/ANSES”, 6/3/17: si los retroactivos adeudados por la ANSES están sujetos al régimen de retención de ganancias (ley 20.628) y, en caso afirmativo, si debe efectuarse la deducción sobre el importe total al momento del pago y si comprende capital e interés.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Acordada 3/17 (febrero 2017), Procedimiento de Flagrancia.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa «Galindez, N. c/MPF s/amparo«, 30/11/16, Inconstitucionalidad ley acceso democrático al PJN y MPF.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, causa “Arias, J. y ot. c/PEN”, 29/3/16, Actualización seguro de desempleo.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Oficio 177/15 (Mayo 2015), Informe estado de la Jurisdicción de la Cámara y propuestas sobre cursos de acción en materia de narcotráfico y lavado de dinero.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Acordada 4/15 (Marzo 2015), Requerir intervención organismos nacionales en relación con ilícitos y conductas infraccionales vinculadas a divisas de curso nacional y extranjeras.
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Acordada 24/12 (Diciembre 2012), Registro de causas sobre violencia política, Prov. Salta (1950-1990).
Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Resolución 62/09 (Septiembre 2009), Pedido de radarización de la frontera norte de la República Argentina.