Dignity, Diversity, Anarchy

Proceedings of the Special Workshops “Human Dignity in Europe” and “The Anarchist Critique of the State, the Law and Authority” held at the 29th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR) in Lucerne, 2019

The contributions in this volume add innovative insights to the debate on domination, power, dignity and the future of society. Problems of heteronomy are fundamental to the anarchist critique of the principle of domination and at the same time central for the discussion of the concept of human dignity. The debates on dignity and diversity and on anarchist perspectives of domination-free organisation are particularly relevant in view of the softening of traditional power structures and the emergence of new ones, especially in the age of globalisation on the one hand and the resurgence of nationalist concepts on the other hand.

THE EDITORS

Klaus Mathis is full professor of Public Law, Law of the Sustainable Economy, and Philosophy of Law at the University of Lucerne. He is the co-founder of the Center for Law and Sustainability (CLS) and Director for the Institute for Research in the Fundaments of Law – lucernaiuris. His particular fields of expertise are Swiss Constitutional Law, Law and Economics, Law of Sustainable Development, and Philosophy of Law.

Luca Langensand is PhD Student at the Faculty of Law at the University of Lucerne. In his doctoral thesis he investigates the relation between anarchy, anarchism and law. His research interests are Legal Philosophy and Legal Anthropology.

CONTRIBUTORS

Paolo Becchi, Damir Banovic, Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Marcos Augusto Maliska, Antonio Pele, Maurice Schuhmann, Klaus Mathis, Anna Budzanowska & Tomasz Pietrzykowski, James Humphries, Aleksander Milosz Zielinski, Peter Seyferth, Luca Langensand, Wanshu Cong, Clelia Bartoli, Juan Carlos Riofrio & Ricardo Lopez, David Dürr

Please order here:
service@steiner-verlag.de

https://www.steiner-verlag.de/titel/62214.html

Presentación del libro: Teoría del Derecho. 6ta edición

Jueves 27 de mayo de 2021 a las 19 h, por Zoom.

Autor:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
    Profesor Titular Regular de Teoría General y Filosofía del Derecho

Presentan:

  • María Gabriela Scataglini
    Docente de la Facultad de Derecho (UBA)
  • Diego Luna
    Docente de la Facultad de Derecho (UBA)
  • María Claudia Torrens
    Docente de la Facultad de Derecho (UNR)

Organiza: Asociación Argentina de Filosofía del Derecho

Auspicia: Departamento de Filosofía del Derecho

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 821 5174 1083
Código de acceso: 444657

Más información: info@aafder.org

Publicado en la UBA el 27/05/2021

Le rechazan el sobreseimiento a dos jóvenes que violaron la cuarentena

Ambas personas no cumplieron con el aislamiento obligatorio en mayo tras ser repatriados. La Cámara Federal rechazó además la inconstitucionalidad del artículo del Código Penal que reprime la violación de las medidas sanitarias, planteada por la defensa pública.

Repatriados llegan a la zona del expeaje Aunor, en la ciudad de Salta. Imagen Ilustrativa. FOTO: JAVIER CORBALÁN

En una audiencia de impugnación, los jueces de la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, en su rol de jueces revisores, rechazaron un planteo de inconstitucionalidad del artículo 205 del Código Penal (el cual reprime la violación de medidas tendientes a evitar la introducción y propagación de una epidemia), interpuesto previamente por la Defensa Pública en el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal contra dos jóvenes por desobediencia sanitaria.

El rechazo del planteo fue instado por el titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, Ricardo Toranzos, cuya posición en la discusión jurídica fue resaltada por los jueces Santiago French y los vocales Ernesto Solá y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, quienes también rechazaron el sobreseimiento planteado en favor de los acusados, Lucas Frisioni y Santiago Rovaletti.

La audiencia, celebrada el 17 de diciembre pasado, tuvo una extensión de casi dos horas, con argumentos destacados entre las partes, como también por parte del tribunal revisor, que incluso intentó avanzar y dirigir el proceso hacia una solución del conflicto. Sin embargo y tras las objeciones advertidas por la fiscalía respecto de la legalidad, repercusión y efectos de tal accionar, lo cual fue secundado por la defensa, el tribunal retomó su función de revisión.

El caso provino de la justicia provincial por incompetencia y data del 24 de mayo pasado cuando, en un proceso de repatriación, la provincia acordó con Frisioni su permanencia en aislamiento (cuarentena) en un hospedaje ubicado en la localidad de San Lorenzo.

Iniciada esta medida sanitaria, a costa del Estado, Frisioni, procedente de Buenos Aires, habría incurrido en varios incumplimientos de la cápsula de sanidad, lo que llevó al propietario del hospedaje a denunciar tal situación ante la policía. Ello derivó en una actuación por parte de la fiscalía provincial de la jurisdicción por desobediencia sanitaria.

Esa decisión llevó al traslado de Frisioni a otro hospedaje en la misma localidad, cuyo costo quedó a cargo de su familia. Pese a ello, las violaciones al aislamiento habría proseguido e incluyeron a Rovaletti, quien también había sido confinado por haber tenido contacto con el infractor. De tal forma, este último también fue sometido a la acción penal por la misma causa.

Al mes siguiente, en tanto, la fiscalía derivó las actuaciones a la Unidad Fiscal Salta, las cuales quedaron a cargo del Área de Casos Complejos. 

Toranzos instruyó que se realicen las tratativas para arribar a una solución de conflicto por medio de alguna salida alternativa, en función de lo establecido en el artículo 34 del Código Procesal Penal Federal.

En este punto, Toranzos sostuvo en sus argumentos que, al iniciar este camino, los jóvenes entendieron que no había daño que reparar por cuanto no les cabía ninguna responsabilidad por lo sucedido, por lo que luego de insistir en que designaran abogado defensor, lo cual tampoco fue cumplido por Frisioni y Rovaletti, se impuso defensor oficial.

Agregó que, frustrada la posibilidad de arribar a una solución de conflicto, y ya en las puertas de la formalización penal, la defensa buscó arribar a una conciliación y ofreció un acuerdo consistente solamente en la realización de tareas comunitarios por el término de ocho horas, dos horas semanales por un mes, cuando el promedio general de trabajo en estos casos se extiende por un año.

Rechazada esta propuesta, el caso llegó a una audiencia de formalización ante la jueza federal de Garantías 2, Mariela Giménez. En ese contexto, el defensor oficial, Nicolás Escandar, planteó un recurso de inconstitucionalidad del artículo 205 y consecuentemente el sobreseimiento de los dos jóvenes. El intento fue rechazado por la magistrada y suscitó, con ello, la impugnación.

Toranzos rechazó que el hecho tenga carácter de irrelevante, ya que -sostuvo- el comportamiento de los acusados puso en riesgo concreto al bien jurídico protegido, la salud pública. Asimismo, dijo que tampoco “hubo un comportamiento, persecución ni una acción parcializada respecto de los causantes, sino que hubo una adecuación concreta de su conducta a un orden de relieve del derecho penal”.

Por todo esto, el fiscal solicitó el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de la norma penal cuestionada, el artículo 205 del Código Penal, como también el sobreseimiento requerido por aplicación del agravio de insignificancia y violación del principio de igualdad, postura que finalmente primó.

Publicado en El Tribuno de Salta el 20/01/2021

La Justicia dispuso acciones reparadoras en un monte tras la tala ilegal

Arroyo Las Tortugas en Pizarro 

En la Reserva Pizarro, sienta un precedente para Parques Nacionales

La resolución de la Justicia Federal salteña fue ante la denuncia que se radicó en diciembre de 2019 tras detectar un cargamento de quebracho colorado y blanco que salían desde la Reserva ubicada en Anta, a 246 kilómetros de Salta Capital.

Dos productores del sur de la provincia deberán plantar ejemplares de quebracho blanco y colorado y financiar una campaña para prevenir la tala indiscriminada en esa zona, entre otras medidas. Así lo resolvió el juez federal de Garantías, Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas, en el marco de la causa iniciada por una denuncia que realizó la Administración de Parques Nacionales (APN), en diciembre de 2019.

En aquel momento se detectaron dos cargamentos de árboles talados sobre camiones, que, luego se pudo conocer, habían sido comprados por Carlos Mateo y Francisco Barbero. Ambos quedaron imputados por el delito de encubrimiento, dado que si bien no fueron quienes talaron los árboles, compraron la madera a sabiendas de que venía de la Reserva.

En la causa intervino el Área de Flagrancia de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Francisco Snopek. La acusación se formalizó como encubrimiento por ánimo de lucro. En una acción conjunta entre la querella (a cargo de APN) y la defensa, se llegó a un acuerdo. Si se incumple, la causa se reactivará y los acusados deberán volver a comparecer ante el juzgado.

La coordinadora de Asuntos Penales de la Dirección de Asuntos Contenciosos de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de APN, Natalia Cardozo, explicó a Salta/12 que las acciones a desarrollar por ambos imputados apuntan a concientizar sobre la prohibición de la tala en la zona. Esto implicará que por un año y medio Barbero y Mateo deberán colocar carteles de 1 metro 40 centímetros de alto por 1 metro 20 centímetros de ancho con leyendas cuyo contenido será decidido por la APN. Los carteles, que se deberán establecer en el primer mes que transcurra desde el cumplimiento de la sentencia, deberán ubicarse en las cercanías de la Reserva natural nacional.

Además, deberán pagar publicidades de un minuto que concienticen sobre la prohibición de la tala. Será el equivalente a siete pases diarios en un lapso de dos meses en una radio local con llegada a la Reserva y poblaciones aledañas. También deberán plantar ejemplares de lapacho y quebracho por un valor de 30 mil pesos, lo que, segun estimó Cardozo, alcanzará para 100 ejemplares. “Estamos viendo de encontrar el mejor lugar posible y los mejores ejemplares”, dijo la abogada de la APN. Los imputados deberán además pagar la suma de 15 mil pesos en calidad de resarcimiento a APN por los daños causados.

Cardozo explicó que la intención en este tipo de causas es encontrar alternativas a las disposiciones del sistema penal que permitan la restauración del ambiente afectado.

A ello agregó la necesidad de cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), a los que adhirió el país y que en su punto 4 indica la necesidad de cumplir con la educación ambiental.

“Es la primera vez que resolvemos de esta manera con material de concientización para cumplir con la Ley general del Ambiente”, y reestablecer la situación a lo que estaba originalmente, antes de producirse el daño. “Por eso es un precedente nuevo”, añadió la funcionaria.

Una de las posibilidades es que la tala la hayan efectuado quienes viven cerca o dentro de la Reserva, donde se encuentra la comunidad wichi Eben Ezer. A fines de los 90 los originarios llegaron a la zona a trabajar en algunas fincas y quienes los contrataron nunca los llevaron de nuevo a su comunidad de origen: El Traslado, ubicada en el departamento San Martín. 

Empezaron entonces a ocupar parte de los ex lotes fiscales 32 y 33. En 2005 el salvataje de estas tierras vino de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, quien recompró una extensión que el ex gobernador y actual senador nacional Juan Carlos Romero había decidido vender a productores de agroganadería. Ya en 2014 las tierras fueron formalizadas como una Reserva Natural Nacional.

El director regional NOA de la APN, Facundo Bertolami, afirmó que es política de la entidad nacional el atender la situación de vulnerabilidad social de esta comunidad. Pero sostuvo que se debe definir cómo, y esto solamente podrá ser una vez que se decida de manera colectiva, con el involucramiento de la comunidad originaria.

La resolución judicial

El juez Rabbi Baldi explicó que, en caso de incumplimiento por parte de los productores, la acción penal podría reactivarse. Aunque no provocaron el daño de manera directa, la fiscalía señaló en la imputación la participación activa de ambos productores en la recepción de los ejemplares extraídos de un sector prohibido de la Reserva Nacional Pizarro, que posee 7.876 hectáreas de flora y fauna protegida.

En este caso, y según lo establecido por la fiscalía en la audiencia de formalización, los ejemplares talados pertenecían al Lote 1 de la reserva, donde está asentada la Comunidad wichí Eben Ezer, que tiene un contrato de comodato con Parques Nacionales para ocupar una determinada área y desarrollar tareas autosustentables.

Pese a que un sector se hallaba demarcado, la extracción los ejemplares se realizó en una zona prohibida, en donde no puede ingresar la comunidad wichí y mucho menos los acusados, puesto que la prohibición se dispuso para la protección de más de 300 especies de árboles existentes allí, entre ellas las variedades de quebracho, itín y yuchán (palo borracho).

Snopek resaltó la importancia del acuerdo arribado, puesto que se logrará reparar el daño ambiental causado. Entendió que los productores además podrán aportar a la concientización de la importancia de la Reserva natural de esa zona.

Publicado en Pagina12 el 26/12/2020

Derecho comunitario, tema en debate

En el marco del convenio celebrado entre la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta y la Universidad de San Isidro, dio inicio el pasado miércoles la primera conferencia del Ciclo de Derecho Comunitario Indígena, que resulta de particular interés para nuestra provincia. El 6 de febrero de 2020 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió un fallo que condena a nuestro país a restituir, a comunidades indígenas salteñas, el derecho de propiedad comunitaria y los derechos al medio ambiente sano, a la alimentación, al agua y a la identidad cultural.

Como jueces y funcionarios del Poder Judicial de Salta, consideramos prioritario profundizar el análisis y, más aún, la comprensión empática de la riqueza y diversidad cultural de nuestras comunidades indígenas. Por ello, emprendimos la organización de este ciclo de conferencias convencidos de que no basta con el estudio de las normas internas y convenciones internacionales de derechos humanos sobre esta área, sino que es preciso ahondar en los aspectos sociológicos, filosóficos y psicológicos que se encuentran implicados en la construcción de estos derechos y, en particular, del derecho de propiedad comunitaria, que puede parecer hoy ajeno a nuestra tradición jurídica recibida del derecho continental europeo.

La primera conferencia tuvo lugar el miércoles 11 de noviembre y estuvo a cargo del doctor Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, doctor en Filosofía Jurídica y especialista en Sociología de las Instituciones, quien abordó el tema: «Sujeto y subjetividades comparadas: ser o estar siendo alguien».

Luego de explicar la diferencia entre sujeto (concepto universal) y subjetividad (construcción y, por tanto, siempre variable), el expositor acudió a ejemplos tomados de la actualidad para describir la subjetividad del europeo occidental y compararla con la que es común a las filosofías andinas. Destacó que no puede negarse la vinculación entre el derecho y la política, y que la subjetividad de quienes actúan en política y en derecho incide directamente en la forma en que vamos construyendo política y derecho, y claro está, el derecho de propiedad, de allí la importancia de entender las diferentes concepciones de subjetividad. Mientras para el europeo existe un «yo» que es dueño de su cuerpo y de su vida, para la filosofía andina no se concibe un «yo» separado del cuerpo y de la vida porque no lo entiende como substancia sino como relación, relación con los demás, relación con la tierra que le provee el alimento. Cuando el europeo siente que es dueño de su cuerpo y de su vida, siente que preexiste a los demás y, entonces, no va a entender la vida en términos de comunidad sino de «societas» (yo soy, luego yo me asocio a los demás); la vida colectiva es el resultado de un pacto como concepto que se instala en la filosofía política europea a partir del siglos XVI con Hobbes, Rousseau y Locke. No es una comunidad, palabra que proviene del latín «munus» que significa cuidar, hacer algo con otro, en una relación en la que cada uno necesita del otro.

A partir de esos mismos autores nace la noción de propiedad privada y entra en crisis la de propiedad común que prevalecía en la Edad Media, y es precisamente Locke quien, en su «Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil» va a poner por escrito e introducir ese concepto de ser propietario de su cuerpo, del «derecho» a su cuerpo que, contrariamente a lo que podría pensarse, conducía en aquella época a sustentar el derecho a la esclavitud.

En la inteligencia de que el derecho de propiedad no es un derecho natural (en el sentido de natura y no de phisis), el autor concluye que de acuerdo con una concepción de libertad entendida en forma absoluta solamente puede concebirse la propiedad privada, no hay propiedad común; que cuando se adopta la igualdad como clave de bóveda, no hay propiedad; pero que para quienes piensan no desde la filosofía de la substancia sino desde la categoría de relación, la clave es la fraternidad, en la cual la libertad es un proceso y la igualdad es igualdad de oportunidades, reconociéndonos en las diferencias. Pero no alude a una fraternidad obligada o impuesta al estilo de Robespierre sino a una fraternidad querida y aceptada porque no podemos sentirnos completos si no es con el otro, la condición fraterna de quienes son o están siendo «en relación».

La próxima conferencia tuvo lugar el 18 de noviembre, bajo el título «La propiedad comunitaria indígena: aspectos normativos y filosófico jurídicos», y estará a cargo del doctor Renato Rabbi Baldi, enjundioso jurista y magistrado salteño, doctor en Filosofía del Derecho, presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho.

La actividad finalizará el miércoles 25 de noviembre con la conferencia «La contemporaneidad de lo no contemporáneo en Nuestra Tierra», a cargo de la doctora Diana Braceras, doctora en Humanidades Médicas, psicoanalista, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires y Vicepresidenta de la Fundación de Actividades Biosféricas.

Se trata de una actividad abierta a todo público y gratuita que se desarrolla de manera virtual.

* La autora preside la Asociación de Jueces del Poder Judicial de Salta, organizadora del Ciclo de conferencias sobre Derecho Comunitario Indígena

Publicado el 19/11/2020 en El Tribuno de Salta

Presentación de libro: Interpretación Jurídica. Teoría y práctica jurisprudencial

Lunes 5 de octubre de 2020 a las 18 h por Zoom.

Autor:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas. Prof. Titular, Teoría General y Filosofía del Derecho (UBA)

Presentan:

  • María A. Gelli
  • Roberto Gargarella
  • Enrique Zuleta Puceiro

Auspicia:

  • Asociación Argentina de Filosofía del Derecho
  • Departamento de Filosofía del Derecho (UBA)

Unirse a la reunión Zoom
ID de reunión: 927 6841 6658
Código de acceso: 482309

Publicado en la UBA

Jornadas Sistema Acusatorio Penal. La experiencia de la Justicia Federal de Salta a un año de la implementación del Código Procesal Penal.

Jornadas en vivo: 31 de agosto y 1 de setiembre. 18 hs

Expositores:

Lunes 31 de Agosto
– Dr. Renato Rabbi Baldi Cabanillas. Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones.
– Dr. Guillermo Elias. Vice Presidente de la Cámara Federal de Apelaciones.
– Dr. Julio Leonardo Bavio. Titular del Juzgado Federal N°1

Martes 1 de Setiembre
– Dr. Eduardo José Villalba. Fiscal Federal ante la Cámara Federal de Apelaciones.
– Lic. Joaquín Ruiz de los Llanos.
Director de la oficina Judicial del Poder Judicial de la Nación.
– Dra. Ana Clarisa Galán. Titular de la Defensoría Pública N°2 ante los Tribunales Orales en lo criminal federal.

Transmisión Via Zoom y YouTube live.

Inscripciones en la UPAP

Presentación del libro: Interpretación Jurídica. Teoría y Práctica Jurisprudencial

Facultad de Derecho

2 DE JULIO DE 2020

Horarios: Jueves 18 Hs.


INFORMACIÓN

Días y Horarios
2 de julio de 2020.
Jueves 18Hs a 20Hs.

Localización
Actividad 100% a distancia, a desarrollarse vía plataforma Blackboard Collaborate

Aranceles
Actividad Gratuita


Dirigido a
Abogados, Profesores, Estudiantes de Derecho y/o carreras afines y público en general

Contenido

  • Marcos Mauricio Cordoba, Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UAI.

Expositores

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Profesor Titular de Interpretación del Derecho, UAI. Profesor Titular de Teoría General y Filosofía del Derecho, Universidad de Buenos Aires. Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.

Presentadores

  • Alejandro Laje, Vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, UAI.
  • Juan Cianciardo, Profesor de Filosofía del Derecho y Vicedecano de la Facultad de Derecho, Universidad de Navarra; Investigador del CONICET
  • Ignacio Colombo, Doctor en Ciencias Jurídicas. Profesor Derecho Constitucional UNSA, USPT y UCASAL. Juez de Garantías de Salta.

Objetivo
Presentar el libro “Interpretación Jurídica. Teoría y Práctica Jurisprudencial” del Dr. Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, Profesor Titular de Interpretación del Derecho en la UAI.


A cargo de

  • Alejandro Laje
  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas
  • Juan Cianciardo
  • Ignacio Colombo

Contacto
uai.extension@uai.edu.ar
Abrí este enlace para enviarnos un mensaje en WhatsApp: https://wa.me/5491126603030

Publicado en Universidad Abierta Interamericana

El COVID 19 ante la mirada de la Filosofía del Derecho. Un ciclo de tres encuentros

Lunes 1, lunes 8 y martes 16 de junio de 2020 a las 18 hs. por Zoom

Programa:

  • Primer encuentro: Isolina Dabove, Jorge Douglas y Horacio Spector.
  • Segundo encuentro: Marcelo Alegre, Eduardo Méndez y Daniela Zavaleta
  • Tercer encuentro: Elina Ibarra, Luciana Alvarez y Leonardo Pucheta

Coordina:

  • Diego Luna

Presenta:

  • Renato Rabbi-Baldi Cabanillas

Organiza:

  • Asociación Argentina de Filosofía del Derecho

Transmisión en vivo por www.facebook.com/AAFD.IVR

Presentan proyecto para regular la importación de coca en Salta

El senador provincial Martín Arjona ingresó una inciativa que se suma a la que se tramita en Diputados para favorecer el cultivo. La escasez por la pandemia y el  elevado precio aceleró un debate de décadas.

El senador provincial Martín Arjona presentó un proyecto que será estudiado en la Cámara Alta y tiene por objeto establecer un marco regulatorio para la importación de coca, el acopio, fraccionamiento y la venta con fines de uso doméstico y de investigación científica.

La iniciativa surgió porque ante la pandemia hubo dificultades en Salta para el abastecimiento de hojas de coca que se obtienen de contrabando desde Bolivia. Arjona sostuvo que esto «ha afectado a todos los salteños que llevan adelante la práctica del coqueo«. El precio del kilo de coca ha oscilado entre los 8 mil y 15 mil pesos en la cuarentena.

La propuesta parlamentaria prevé regular la práctica ancestral de la masticación de hojas de coca o coqueo en la provincia de Salta, para ello propone que el Estado provincial fomente el correcto abastecimiento y la importación pública de hojas de coca en todas sus variedades, su acopio y fraccionamiento en cantidades suficientes para su uso exclusivamente doméstico, terapéutico y de investigación. 

Arjona fundamentó su proyecto en que el artículo 15 de la ley 23.737 considera que no es tenencia y consumo de estupefacientes cuando las hojas de coca en su estado natural se destinan a la práctica del coqueo o masticación, o a su empleo como infusión, «Es decir que está plenamente autorizado de manera legal el consumo con fines particulares de la hoja de coca en su estado natural, de hecho, es una práctica ancestral de público conocimiento«, planteó el senador.

El legislador propuso la creación de plantas de acopio y fraccionamiento de hojas de coca en estado natural que serán las encargadas de controlar el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias, el fraccionamiento y la entrega a expendedores de acuerdo a los cupos autorizados por la autoridad de aplicación, que sería el Ministerio de la Producción. 

Su proyecto también dispone la creación de un Registro Público de Expendedores de Hoja de Coca de la Provincia de Salta, para lo cual deberán estar inscriptos en Afip y Rentas, además de tener habilitación municipal y no contar con antecedentes penales.

Una práctica legal

El proyecto de Arjona encuentra sustento legal en un fallo de 2018 de la Sala I de Cámara Federal de Apelaciones de Salta que rechazó una apelación interpuesta por el representante del Ministerio Publico Fiscal en contra del sobreseimiento de dos personas que habían sido capturadas con un cargamento de hojas de coca en Orán, valuado en más de 200 mil pesos.

En ese fallo el camarista Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, cuya argumentación es apoyada por su par Alejandro Castellano, apunta principalmente contra el decreto 648/78 (que prohíbe la importación de hojas de coca) porque “las hojas de coca en estado natural no resultan una mercadería susceptible de ser introducida legalmente al país en razón de la prohibición absoluta que estableció dicha norma”.

Para el juez federal, ese decreto no deroga el vigente artículo 5 de la ley 17.818, que fijó una zona de excepción para la prohibición del ingreso de la coca por las aduanas de la frontera con Bolivia.

En el mismo sentido estaría el artículo 15 de la ley 23.737, que puntualiza que “no existe una prohibición absoluta para la importación de hojas de coca siempre y cuando lo sea para expendio legítimo y en la región delimitada”.

Pero además cita dos tratados internacionales uno de 1961, cuando la Convención Única sobre Estupefacientes, organizada por las Naciones Unidas y aprobada por ley 16.478, estableció en su artículo 49 que “toda Parte podrá reservarse el derecho de autorizar temporalmente en cualquiera de sus territorios la masticación de hojas de coca”.

Y en 1988 la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aprobada en Viena el 19/12/88, expresamente establece límites en relación a las medidas a adoptar para evitar y erradicar el cultivo ilícito de los arbustos de coca, en tanto encomienda “respetar los derechos humanos fundamentales” y “tener debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos, donde al respecto existe la evidencia histórica”. Este tratado obtuvo consagración legislativa en 1992 por la ley 24.072.

El elemento histórico y ritual del coqueo y de la hoja de coca es también un componente fuerte en la argumentación de Rabbi-Baldi Cabanillas, que lo plantea como una costumbre preexistente a las leyes, amparada por la Constitución e inclusive normada por leyes antiguas que remiten a la época de la Colonia y que protegían su cultivo.

Y el tercer pilar en el que se basa la resolución de la Cámara que termina sobreseyendo a los imputados, y de lo que puede encontrarse además antecedentes en fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Naciónes el aspecto científico, ya que está demostrado que el coqueo, más allá de un leve efecto, no produce daños a la salud, alucinaciones o adicciones.

Por esto concluyó el camarista que “ante la armonía de las normas y la índole de las hojas de coca desde el punto de vista científico, se deriva el presupuesto de un abastecimiento real y razonable en las zonas donde esta práctica se observa y al no existir en nuestro país cultivo de hojas de coca, se sigue que tales disposiciones no pueden sino, de lege lata, permitir la importación desde otras regiones del continente”.

De esta manera este fallo quita toda penalidad como estupefaciente a la importación de la hoja de coca y abre la posibilidad de reglamentar su importación, tarea que hasta el momento no ha logrado superar las instancias de meros proyectos tanto a nivel provincial como en el Congreso Nacional, en el cual existe una iniciativa al respecto presentada por el diputado Martín Grande.

Publicado en Pagina 12 el 21/5/2020

Es la persona, estúpido

Es conocida la frase de Bill Clinton a uno de sus asesores en la campaña hacia la presidencia de los Estados Unidos, acerca de donde debía hacerse foco: «Es la economía, estúpido».

Al decretar el control social preventivo y obligatorio a raíz de la expansión del COVID-19, el presidente de la Nación señaló que una economía que se cae puede recuperarse, pero una vida que desaparece, no. Optó por un paradigma que, apropiándome libremente de la expresión de Clinton, podría traducirse como: «Es la persona, estúpido».

Sí, es ella a quien se impone proteger. La pandemia tiene la «virtud» de haber puesto a la persona en el centro de la escena, más no como sucede al uso, es decir, de una manera retórica; sino de verdad, generando -más allá de errores inexplicables como, entre otros, la fotografía de cientos de jubilados en las calles argentinas la semana pasada- una verdadera política integral en favor de aquella: generación de barbijos; multiplicación de test preventivos; acondicionamiento de hospitales; adquisición de respiradores; entre tantas medidas gobernadas por el hashtag «quédate en casa» y que, en conjunto, testimonian una decisión que considera que el ser humano debe ser genuinamente tomado en serio.

Y esto vale, incluso, frente a la parálisis de la economía y, más aún, ante la tentación -persistentemente frecuente- de instrumentalizar a la persona por razones puramente «biológicas», otrora conocidas como el inexorable acatamiento de la ley del «más fuerte».

Dejaré a un lado el análisis de la cuestión económica, cuya gravedad es conocida y ante la cual se advierten progresivas flexibilizaciones en aras a su paulatina reactivación.

La cultura del descarte

Deseo concentrarme en la tozuda vigencia de la «cultura del descarte» (para seguir una expresión del papa Bergoglio) basada en situar como relevante al momento de resolver el destino de las personas, aspectos que la tradición judeo-estoica-cristiana sobre la que se estructura lo esencial de la moderna teoría de los derechos humanos, caracterizan como «accidentales»: raza; sexo; nacionalidad; religión; capacidad física e intelectual, etc.

Son conocidas las leyes «eugenésicas» que prosperaron en Occidente con el inicio del siglo XX (esterilización de criminales y enfermos mentales; restricciones a la inmigración; reglamentación de los exámenes físicos escolares y prenupciales; control de natalidad; permisión del aborto en mujeres discapaces el vigente inc. 2´ del art. 86 de nuestro Código Penal es un ominoso ejemplo de ello en tanto, como se lee en la exposición de motivos del proyecto, busca el «perfeccionamiento de la raza»).

El objetivo fue claro. Nuestro notable Joaquín V. González, quien tantas enseñanzas ha legado al derecho y a la política del país, no fue ajeno a dichas ideas. En su trabajo «Patria y democracia», en línea con su actuación como miembro informante del proyecto que propició la señalada norma del digesto penal postulaba la «preservación de la especie humana y el mejoramiento de la raza propia, por el estímulo y facilidad de las uniones sanas y fecundas, la incorporación migratoria de las mejores razas europeas, y la prohibición bajo la forma de impedimentos absolutos, para las uniones matrimoniales entre personas enfermas de males trasmisibles a la descendencia; y si aún los indicativos eugenésicos son inaplicables, por lo menos pensar en medios esterilizantes contra la propagación de los gérmenes de la degeneración de la familia, como núcleo social originario».

Concomitante, otro notable jurista, Karl Binding, a propósito de los «institutos para idiotas» presentes en Alemania, se planteó si «existen vidas humanas cuyo carácter de bien jurídico esté tan dañado, que su continuidad ya no tenga ningún valor, ni para sus titulares, ni para la sociedad».

Los ejemplos no parecen desaparecer en la actualidad: los impresionantes desarrollos médicos, al tiempo que hacen posible la gestación extrauterina, dan lugar a leyes que prevén el descarte y hasta la experimentación de embriones «sobrantes». Y en ese marco, a propósito del COVID-19, se escuchan voces que plantean una suerte de «laisser faire» de las leyes de la biología, de modo que el virus dicte su propio veredicto y arrastre a los más débiles (básicamente, los mayores y ancianos, pero no se excluyen otros grupos, ni siquiera los más pequeños, como lo revelan casos recientes). Como reflexiona amargamente Agamben, pensando en Italia, salvar la vida no une ya a unos con otros, sino que los separa, en una suerte, añado, de «sálvese quien pueda».

Derechos humanos

De nuevo, pues, la humanidad parece recrear -en patética demostración de no haber extraído ningún aprendizaje al cabo de la historia- el famoso diálogo platónico del «Gorgias», en el que el sofista Calicles postula que «la regla de lo justo es que el más fuerte mande al más débil», y que mereciera la contundente respuesta de Sócrates -que está en la base de la señalada teoría de los derechos humanos-, quien reivindica el reino de la razón; de la mesura; del autogobierno; en suma, de que es “más feo hacer una injusticia que sufrirla”.
Con todo, el cachetazo de la pandemia se revela como una magnífica oportunidad para rescatar el desafío lascasiano de que la “humanidad es una”, dejando atrás la modernidad altanera que creyó tener el progreso en un puño sin reparar en demasiados desatinos que, no por conocidos, fueron menospreciados, cuando no olvidados. 
Uno de ellos es, precisamente, la persistente cosificación de la persona en nombre, en no pocas circunstancias, de su paradojal elevamiento.
Ahora bien; en el camino de esta oportunidad es posible que emerjan situaciones dolorosas. 
La ausencia de respiradores nada menos que en la opulenta Europa (Italia, por caso) recrea el famoso dilema de la tabula unius capax: dos náufragos disputan la única tabla disponible. 
Duro desafío éste para los esforzados descendientes de Hipócrates que a diario reciben el reconocimiento de todos (también aquí)
Los clásicos españoles del siglo XVI dieron una respuesta, dramáticamente actual, a esa indeseada tensión: como principio, se debe atender a todos los pacientes; per accidens (por excepción), ante la falta de medios, deberán abocarse a lo que se pueda diligentemente hacer. Pero, y esto es lo decisivo, no media una “elección” discrecional; menos una “selección” fundada en razones inconfesables; a lo sumo, si cabe la analogía, una suerte de acto de “doble efecto” en el que, por perseguir un bien loable, se tolera (nunca se provoca) una consecuencia no deseada.
Es claro, en fin, que este tiempo de aislamiento permite preparar el terreno para evitar dilemas como el recién planteado. Pero cabría aguardar algo más. Desde ese supuesto concreto (y crucial), deberíamos proponernos desandar una senda bien opuesta a la aquí transcurrida y que nos ha llevado a la presente encrucijada. Acaso debería renacer en medio de tantas cenizas el legado mayor del Humanismo bien sintetizado por Pico della Mirandola: “de nada demasiado”; “conócete a ti mismo”; “atrévete a ser”.

Publicado en El Tribuno de Salta el 14/04/2020

Dr. Rabbi Baldi Cabanillas: Presentación del libro Teoría del Derecho

En el Aula Magna de la Universidad Católica de Salta tuvo lugar la presentación del libro T eoría del Derecho – 5° edición corregida, aumentada y actualizada del Dr, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, docente de la Cátedra de Introducción al Derecho de la Carrera de Abogacía de la Ucasal y Juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. La presentación del libro estuvo a cargo del Dr. Armando Caro Figueroa.

El Dr Renato Rabbi Baldi es autor de tres libros (uno de ellos con cinco ediciones, sucesivamente ampliadas, y premio «Accesit» de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales, y otro en prensa); Director y coautor de ocho libros (dos de ellos, con dos ediciones) y de más de 100 artículos (cuatro en coautoría), editados en revistas nacionales e internacionales, en castellano, alemán, francés y portugués; habiendo dictado, a septiembre de 2019, 166 conferencias y 85 cursos, e intervenido en otros eventos académicos (laudationes academicae; presentaciones de libros, etc.), en nuestro país y en el extranjero.

Publicado en Diario Cronica del NOA el 8/10/2019