Memoria y presente de la Justicia Federal

Hace 25 años, la Corte Suprema habilitaba el funcionamiento, a partir del 15 de noviembre de 1993, de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Creada en 1990 con jurisdicción sobre las provincias de Salta y Jujuy, su constitución es consecuencia del notable crecimiento poblacional y judicial de dichos estados: es que los dos juzgados únicos con asiento en las ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy dependían desde 1937 de la entonces creada en San Miguel de Tucumán. La Cámara salteña es alzada en la actualidad de seis juzgados (otros dos en las capitales de las provincias; el de Orán y el de Tartagal).

Historia

En este contexto, parece oportuno recordar algunos hechos de los inicios de la Justicia Federal en Salta, acaso olvidados, pero no necesariamente ajenos a las muchas interpelaciones que en la actualidad se le presentan y que diariamente se procura resolver. Ellos se vinculan con las dificultades económicas de su funcionamiento; las tensiones existentes entre los poderes nacional y provincial y los desafíos político – institucionales a su autoridad.

El pionero. El primer punto se sitúa en 1863, cuando se designa al pionero juez federal de Sección, José Manuel Arias. Se le requiere «una prudente y severa economía» y se le recomienda a los gobiernos de provincia ceder «un número de piezas» libres en algún edificio público, autorizando a los jueces, si esto no fuera posible, a alquilar por cuenta de la Nación. Al respecto, se dispuso que el juzgado debía estar compuesto por «una pieza para el despacho, una sala de audiencia (que podría en caso necesario servir también para el despacho) y una o dos piezas más para el escribano y ordenanza».

Los presos. El segundo tema ocurre en 1865, en tiempos del segundo juez, Apolonio Ormaechea. La inicial negativa de las autoridades locales a colaborar en la recepción de algunos presos nacionales en la cárcel local con el argumento de que el edificio era estrecho, y recibir más personas empeoraría las condiciones higiénicas que ya eran malas, motivó la reacción del Gobierno Federal que consideró que la Provincia de Salta había violado el pacto de cooperación del 1 de diciembre de 1863. Tras un intercambio epistolar, el Gobierno local manifestó que solo se había tratado de una desinteligencia, reiterando la voluntad de «acatar con el respeto que se merecen las resoluciones de la Nación, en todo cuanto sea compatible con sus facultades y con los principios constitucionales». Dicha respuesta mereció la considerada reflexión del entonces ministro de Justicia de Mitre, Eduardo Costa, quien escribió al Congreso Federal que «la eficacia de la acción de la Justicia nacional dependerá en mucha parte de la cooperación que reciba de los gobiernos locales. La prudente abstención de los jueces en las cuestiones locales, su tino y perseverancia en buscar la ejecución de sus sentencias hasta agotar los medios conciliatorios a su alcance (…) ha de contribuir a vencer las resistencias que nuestra falta de educación en materias constitucionales, más bien que un insensato propósito de resistir a la Justicia, pudiera suscitar».

La montonera. El tercer tópico se pone a prueba ante la rebelión de Felipe Varela en contra del Gobierno nacional. El entonces juez federal, uno de los blancos de su ataque, escribió al ministro de Justicia que abandonaría el juzgado para trasladarse a Jujuy y luego a Bolivia. Sin embargo, la respuesta de la autoridad nacional fue recordarle la necesidad de «que cada magistrado esté en su puesto». La entrada de Varela aconteció el 10 de octubre de 1867. El gobernador Sixto Ovejero se refugió en el Convento de San Francisco y el juez Ormaechea debió hacerlo en ese o en otro sitio. Cuatro días después el Gral. Navarro reconquistó la capital, reintegrándose todas las autoridades a sus funciones.

Ayer y hoy

Algunas de las circunstancias mencionadas encuentran paralelismos actuales. También hoy existen restricciones económicas que dificultan la habilitación de un juzgado (Libertador General San Martín) o la implementación de reformas legales. Asimismo, perviven tensiones en cuanto a la administración de los siempre escasos recursos en materia carcelaria que en ocasiones dificultan la relación institucional entre Nación y provincias. Sin embargo, muchos desafíos han sido sorteados para lo cual se ha contado con la perceptible colaboración de las estados locales (Salta facilitó el espacio en el que funciona el juzgado en Tartagal, ínterin se construye el propio) y otros se resuelven a diario.

Memoria

Al respecto, con motivo de este aniversario, se ha elaborado una «Memoria» que en 200 páginas recuerda los pasos iniciales de la Justicia federal salteña; la trayectoria de sus primeros magistrados; las diversas mejoras implementadas en el edificio que la alberga y cuya administración el Consejo de la Magistratura delegó en la Cámara este año, y algunas de las medidas adoptadas por el Tribunal en los últimos diez años en pos de lograr un eficiente servicio de justicia (entre otras, las propuestas y acordadas elevadas a la Corte Suprema sobre radarización integral de la frontera norte; lavado de activos y flagrancia; la ordenación de su archivo, dentro del cual se creó un registro de causas sobre cuestiones político – sociales (1950 – 1990); la modernización del servicio de Biblioteca; la publicación anual de los boletines de jurisprudencia; la realización de numerosos cursos de capacitación para su personal y abogados del foro; la donación de bienes de su patrimonio dados de baja con destino a escuelas con necesidades de ambas provincias y del papel de sus legajos en condiciones de destrucción a entidades de bien público, a fin de reemplazar la incineración por el reciclado de aquél, preservando así el medio ambiente; la discriminación de basura o la publicación de las estadísticas de resoluciones emitidas que, en 2017, fueron 2.777, muy distante de las 307 resoluciones pronunciadas el primer año de funciones, en 1994, lo que revela, entre tantos factores, el aumento poblacional y de la litigiosidad.

«Recuerda para vivir», escribió Goethe. Este recordatorio no es más que un breve balance en el arduo camino que le cabe al tribunal, de consuno con los demás juzgados de la jurisdicción y con los profesionales y ciudadanos de ambas provincias, en la tarea colectiva de «afianzar la justicia para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los que quieran habitar el suelo argentino».

Publicado en El Tribuno de Salta, el 14/11/2018

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