Integrantes de la Justicia, con miradas opuestas sobre la edad de imputabilidad

Referentes de la Justicia Federal de Salta dialogaron con El Tribuno sobre la iniciativa que busca que un adolescente pueda ser condenado desde los 14 años, postura que avala el Gobierno nacional.

Ayer se conmemoró el 154§ aniversario de la puesta en funcionamiento de la Justicia Federal de Salta, que comenzó a funcionar en 1863. En ese marco, en diálogo con El Tribuno, algunos funcionarios judiciales se distanciaron de la idea de bajar la edad de imputabilidad mientras que Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, juez de la Cámara Federal de Apelaciones, se mostró a favor de analizarla. Además, expresaron su visión sobre el tráfico de drogas.

La discusión sobre la edad en que un adolescente puede ser juzgado por un delito volvió a instalarse luego de que la vicepresidenta Gabriela Michetti opinara que es “razonable” bajar el límite de 16 a 14 años.

Gabriela Catalano, integrante del segundo Tribunal Oral en lo Criminal Federal, expresó: “Me parece que hay muchas otras acciones en las que pensar antes que bajar la edad de imputabilidad; hoy por hoy, además, un menor de edad que comete un delito ya puede ser alcanzado por determinaciones de jueces”. Matizó diciendo que “la madurez de un chico de 14 o 15 años no es la misma que la de un adulto, tiene que tener mayor protección”, y se posicionó a favor de “contener de otras maneras a aquellos menores que cometen delitos”.

El fiscal federal Carlos Amad consideró que “debería haber lugares para reeducar y eso conlleva también trabajo social, no solamente penal”. También argumentó que “la Argentina es signataria del Pacto de San José de Costa Rica y bajar la edad de imputabilidad no sería conveniente porque estaríamos yendo en contra de lo que plantea tal acuerdo”.

Por su parte, otro de los integrantes del segundo tribunal federal puesto en marcha en diciembre del año pasado, Abel Fleming, consideró que “lo que debe ser motivo de atención es que a los jóvenes en infracción con la ley tenemos que abordarlos con un procedimiento procesal penal específico, juvenil. La edad de imputabilidad no es irrazonable si se la compara con los parámetros internacionales”, relativizó.

Renato Rabbi-Baldi Cabanillas, juez de la Sala Primera de la Cámara Federal de Apelaciones, resaltó: “A mí me parece que, en el campo civil, estamos bajando la edad y permitiendo el voto a los mayores de 16 años porque suponemos que tienen autonomía y capacidad para tomar decisiones. El nuevo Código Civil y Comercial dedica un capítulo especial a los adolescentes. Pueden tomar decisiones en materia de salud, en el ámbito estético y con su cuerpo, incluso pueden acudir a la Justicia para oponerse a los padres”. Luego sentenció que “por lo tanto, pueden comprender la criminalidad de un acto”.

¿Hay carteles?

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo el miércoles: “En la Argentina no hay carteles. Lo que hay son familias, clanes o grupos, no les diría carteles como los que están en Brasil”.

“En principio, carteles como estamos acostumbrados a ver en México o Brasil no hay. Sí hay bandas muy bien organizadas que se dedican al tráfico de estupefacientes a gran escala, pero no con el despliegue para-estatal que demuestran en otros países. Eso aún no sucede”, remarcó el fiscal Amad.

Fleming disintió: “En los últimos años hubo un impresionante incremento en la escala de los delitos referidos al tráfico de drogas. Dejó de ser una aventura personal y pasó a ser el resultado de niveles cada vez más complejos y consolidados de organización. Claro que hay carteles, hay niveles de criminalidad organizada con división de tareas, y previsión de riesgos y resultados”, se posicionó, y añadió que se vislumbra en la corrupción de la Justicia y las fuerzas de seguridad, única manera en que las organizaciones criminales pueden prever consecuencias con garantía de impunidad. “La corrupción pasa a ser un componente sistemático”, advirtió.

Su compañera de tribunal, Gabriela Catalano, manifestó que “hay grandes organizaciones que están desarrollando su actividad, sobre todo desde la frontera norte con Bolivia”, pero agregó que “carteles, en el sentido de organizaciones que hasta tienen su seguridad propia, todavía no hay”.

“Hay una organización bastante sofisticada, vemos que hay grupos que trabajan con una logística y aparatología desarrollada. Más allá de si los llamamos carteles, hay que tener claro que tienen una estructura sofisticada”, postuló Rabbi-Baldi Cabanillas, quien también participó de la jornada que esta semana reunió en Salta a miembros de los ministerios de Seguridad y Públicos de Argentina, Bolivia, Perú, Chile y Paraguay.

Publicado El Tribuno, 17/6/17